Al argumentar que en Veracruz, Baja California, Guanajuato, Chiapas y Sinaloa ya han sido retirados equipos de videograbación colocados por organizaciones delictivas para identificar las acciones policiales y de grupos contrarios, el Senado de la República llamó a los 32 gobiernos estatales y de la Ciudad de México a identificar ese tipo de prácticas y erradicarlas.
“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señaló el dictamen aprobado.
La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal permite a las autoridades la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir ilícitos.
Te podría interesar
Sin embargo, grupos delictivos han replicado ese modelo tecnológico para obtener información que les permita continuar sus actividades ilegales.
En Celaya, Guanajuato, se detectaron alrededor de mil 400 cámaras de vigilancia irregulares que, de acuerdo con el alcalde, estarían ligadas "a la vigilancia emprendida por grupos delictivos”.
En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios, siendo 188 del municipio de Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali, mientras que en Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras que, presuntamente, eran utilizadas por grupos delictivos.
El 19 de febrero de 2025, en Chiapas, elementos de la Fiscalía del Estado y Policías Estatales aseguraron y desinstalaron cámaras de videovigilancia.
El 20 de febrero de 2025, en Culiacán, Sinaloa, autoridades aseguraron alrededor de 64 cámaras colocadas, presuntamente, de manera irregular.