Tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la privatización de las playas, este martes diputados de la Comisión de Turismo discutirán y en su caso aprobarán el dictamen para reformar la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Como adelantó Latinus el pasado 26 de agosto, el proyecto presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “estas restricciones son la imposición de cobros o impedimentos al acceso que vulneran derechos consagrados en la Constitución afectando al público general y a las comunidades locales”.
“Se busca obligar a las autoridades federales a garantizar que al menos un día a la semana, dando preferencia a los días con mayor afluencia social, se permita el acceso gratuito al público general”, indica el documento.
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La Mesa Directiva que turnó la iniciativa, suscrita también por el diputado Enrique Vázquez, a la Comisión de Turismo, que preside la panista Tania Palacios Kuri el pasado 5 de septiembre para su revisión.
La mayoría de los integrantes de dicha comisión coincidieron que “actualmente este cobro se realiza generalmente mediante brazaletes que deben portarse durante la visita y su precio varía según el Área Natural Protegida (APN)”.
“Además de la condición del visitante: nacional, extranjero, estudiante. Particularmente la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP)”, resalta la iniciativa que será puesta a discusión.
La CONANP es la institución que gestiona y administra estos cobros y ofrece el "Pasaporte de la Conservación Digital" para visitas anuales a todas las ANP.
El proyecto resalta que “el cobro por acceder a un espacio que, por su naturaleza constitucional, pertenece a la nación, y cuyo disfrute y goce debe ser libre para toda persona, constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural Nacional”.
En este sentido, “incluso, esta Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen lo dispuesto en el artículo 4° de la CPEUM, que reconoce el derecho de todas las personas tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
En el proyecto de dictamen de la Comisión de Turismo “se estima pertinente dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis, con el fin de evitar repeticiones innecesarias y dotar de mayor solidez jurídica a la reforma propuesta”.
“En ese mismo sentido, se sugiere no incorporar la modificación al artículo 127, al no guardar relación directa con el objeto central de la iniciativa”, se aclara en el proyecto.
La Comisión de Turismo advirtió también “que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria, así como posibles conflictos de competencia, particularmente en lo que se refiere a la garantía de acceso por parte de las autoridades federales”.
“Por ello, se considera más adecuado que dicha responsabilidad se comparta con las autoridades estatales y municipales, eliminando la obligación de dotar de servicios en todos los puntos de acceso a las playas”, apunta.
La Comisión de Turismo tampoco “recomienda la modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud de que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas y no resulta conveniente establecer como regla general el acceso libre en este tipo de espacios”.
Se tiene previsto que luego de su discusión y aprobación el próximo martes en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado por unanimidad al día siguiente en el pleno.
En su conferencia matutina del pasado 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, la presidenta Sheinbaum afirmó que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.