El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila presentará esta semana una iniciativa para que instituciones bancarias y tiendas departamentales no envíen tarjetas de crédito sin haberlas solicitado, además de que no deberá haber una penalización para su cancelación, la cual podrá llevarse a cabo presencial, telefónica y digital.

“Habrá sanciones para quienes, siendo instituciones financieras, no acaten la disposición de la ley. Esto afecta a millones de personas, incluyéndome a mí, porque yo no pedí tarjetas de crédito y me llegan sin haberla solicitado y después me cobran anualidades y si no pago, me cobran y me penalizan”, afirmó en conferencia de prensa.

Monreal Ávila admitió que dichas prácticas de la banca, “me mandan al Buró de Crédito negativo. Entonces, esta es una clara iniciativa para defender al usuario de la banca, a los usuarios de tarjetas de crédito y espero que se apruebe por la mayoría de legisladores, independientemente del partido al que representen”.

De acuerdo a la iniciativa, “las entidades emisoras deberán reembolsar los montos cobrados de manera indebida en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción de la reclamación presentada por la persona usuaria directamente ante la entidad emisora, o a partir de la notificación que de dicha reclamación realice la autoridad competente”.

“Además, las entidades bancarias “no podrán cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el Contrato de Adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario”.

“Mientras no se acredite el consentimiento expreso, no se podrá generar ningún cargo o comisión”, resalta el proyecto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales.

Monreal Ávila propuso en el artículo 18 de dicha legislación que “las entidades emisoras de Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar al usuario el derecho de cancelarlas de manera presencial, telefónica y digital”.

“Los mecanismos de cancelación y bloqueo deberán estar disponibles de forma presencial, telefónica y digital, incluyendo aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante botones visibles y de acceso directo, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año”.

La iniciativa propone que “al momento que la persona usuaria solicite la cancelación, la entidad emisora deberá realizar de manera inmediata un bloqueo preventivo, entendido como la suspensión temporal de toda transacción o cargo asociado a la tarjeta, con el fin de evitar operaciones mientras se formaliza la cancelación definitiva del contrato o medio de disposición”.

El proyecto resalta que “las entidades emisoras de Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar que toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto sea clara, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario”.

“Queda prohibida toda oferta, promoción o mensaje que, de manera directa o indirecta, induzca al usuario a considerar que los Medios de Disposición a que se refiere el párrafo anterior carecen de costos, cuando estos generen comisiones, anualidades, cargos adicionales o cualquier otra contraprestación económica”, apunta.

En su iniciativa, Monreal Ávila resaltó que “un segundo problema es la emisión de tarjetas no autorizadas por los usuarios, lo que incluso pudiera vincularse con fraudes o robo de identidad”.

“Instituciones financieras o tiendas departamentales ofrecen tarjetas a sus clientes sin brindarles la información suficiente, esto es, el problema no radica en que ofrezcan sus productos financieros, sino que lo hacen a merced de procedimientos poco claros o envueltos con otras promociones, lo que hace que quienes las aceptan no sean conscientes del contrato que han asumido”, consideró.