Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos cerraron la mañana de este sábado la Avenida de los Insurgentes, en su cruce con el Eje 1 Norte, luego de que se les confirmara de manera definitiva su baja y se les informara que no habrá ninguna reinstalación.
Con consignas como “reinstalación, basificación es la solución”, “queremos trabajar, queremos trabajar” y “fuera nepotismo”, los manifestantes buscan atraer la atención de las autoridades federales para denunciar irregularidades en la Secretaría de Cultura federal.
“Trabajé durante 20 años en esta biblioteca y no se vale que me hayan despedido de esta manera”, expresó una empleada entre lágrimas mientras sostenía un cartel. Por su parte, otra manifestante señaló: “Tengo más de 70 años y no sé qué voy a hacer ahora; nadie me va a querer dar trabajo”.
Te podría interesar
El cierre de estas importantes arterias viales se produjo tras una reunión con la coordinadora administrativa, Alma Mariana Liébana Varela, y el encargado de relaciones laborales, José Luis Domínguez Salía.
En total, son 31 trabajadores eventuales de la Biblioteca Vasconcelos quienes aseguran haber sido despedidos de manera arbitraria y discriminatoria.
El conflicto inició el pasado 2 de enero de 2026 cuando, a las 7:00 de la noche, un día no laboral debido a las vacaciones institucionales, algunos empleados recibieron un correo electrónico supuestamente enviado por Carlos Manuel Riestra Ramos, jefe del Departamento de Personal de la Dirección General de Bibliotecas.
“El mensaje, carente de logos oficiales y firma institucional, notificaba la finalización de la relación laboral”, explicó otro trabajador, quien subrayó que sólo la mitad de la plantilla recibió dicho correo, lo que los afectados califican como un acto de discriminación.
Los trabajadores señalan que, tras casi 20 años de servicio ininterrumpido, han sido sometidos a un régimen de contratación eventual que no corresponde con la naturaleza de sus labores, ya que cumplen horarios fijos, registran entradas y salidas, realizan funciones propias del personal de base.
A pesar de ello, cada año se les renovaba el contrato sin otorgarles estabilidad laboral ni prestaciones completas, entre los afectados se encuentran madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores con dependientes económicos.
Los manifestantes advierten que la pérdida de su empleo implica también el cese del acceso a servicios médicos del ISSSTE.
El grupo recordó que, en 2019, el actual director de la biblioteca, José Mariano Leyva Pérez Gay, les aseguró que mientras él estuviera al frente “a nadie se le despediría”. Hoy, afirman, esa promesa ha sido incumplida.
Finalmente, los afectados acusan a la Secretaría de Cultura de mantener prácticas ilegales de contratación y de pretender separarlos de sus cargos sin argumentos válidos. Por ello, anunciaron que emprenderán acciones legales para exigir su reinstalación y la basificación que consideran justa por sus años de servicio.