La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una reforma a la Ley de Obras Públicas de Campeche del 12 de julio de 2024 que permitía a la gobernadora conceder licencias de construcción para “obras de interés estatal y de gran impacto" en los 13 municipios de la entidad.
La decisión fue aprobada por unanimidad al determinar que la reforma vulneró la autonomía municipal reconocida en la Constitución federal y beneficiaba al gobierno de Layda Sansores San Román.
El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos durante la revisión a la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche.
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De acuerdo con el documento, el Congreso local transfirió al Ejecutivo una facultad constitucional que sólo pertenece a los ayuntamientos. Al hacer el cambio, los ayuntamientos carecen de facultad para regular y controlar la construcción en su territorio.
“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce” explicó Espinosa Betanzo.
Durante la sesión los ministros invalidaron el artículo 14 Bis como el segundo transitorio de la reforma, al considerarlos inconstitucionales. El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que es necesario que los municipios mantengan la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, como establece el artículo 115 constitucional.
“Al establecerse en esta ley un tipo de obras públicas de interés estatal de gran impacto, con la finalidad o más bien seguido de eso, se busca que se elimine esta facultad constitucional. Yo creo que no es lo más adecuado, desde mi perspectiva, debía procederse como en algunas normas de orden federal”, comentó.