Comunidades de pueblos indígenas como mixteco, mazahua y afroamericanos, presentaron 14 amparos contra las reformas a la Ley de Aguas, porque el Congreso de la Unión y el gobierno federal no consultaron a los pueblos originarios, además porque consideran que el decreto criminaliza las costumbres de uso del agua en las comunidades. 

“Tú puedes ir a un pozo comunal o ir con un vecino que riega su parcela y decir que te de agua para tu casa o para abrevar o simplemente para tu aljibe. O hay gente que junta agua en bordos en jagüeyes y eso se puede convertir en un delito. Te puedes convertir en un delincuente huachicolero de agua, esto es una aberración”, dijo Rafael Ornelas, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos indígenas. 

Comunidades mixtecas, otomíes, tepehuanos, mazahua, chichimecas, afroamericanos y zapotecos, entre otros, promovieron 14 amparos en Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Sinaloa, contra la reformas aprobadas por Morena en el Congreso de la Unión, mismas que establecen que no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares; se eliminar los cambios de uso; se crea un nuevo Registro Público Nacional del Agua e incorporan la obligación de inscribir en el nuevo registro el padrón de núcleos agrarios y los sistemas comunitarios de agua. 

“Presentamos 14 amparos a lo largo y ancho del país, en contra del decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas por un sólo agravio que es la no consulta a los pueblos originarios y comunidades indígenas en todo el territorio nacional”, señaló Ornelas Ramos.

“El tema de nuestra impugnación y de nuestros amparos es porque no se vale que el Estado mexicano quiera controlar un recurso que le pertenece al pueblo de México, y el segundo es porque no nos consultaron, no nos toman en cuenta. Los pueblos indígenas solo estamos en el discurso, en la retórica, pero en los hechos no hay tal respeto a la autonomía. Con esta ley corremos el grave riesgo de que el Estado mexicano controle los recursos naturales y entonces los use de manera facciosa, de manera política y de manera indebida”, añadió.

Juez aplica reformas a Ley de Amparo y niega suspender decreto

Al hacer uso de las recientes reformas a la Ley de Amparo aprobadas por Morena en el Congreso, que limitan la figura de la suspensión judicial, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, Carlos Arturo Rivero Verano, negó la suspensión provisional en uno de los 14 juicios, sobre el decreto de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.

Argumentó que las reformas “no son actos susceptibles de suspensión, puesto que de concederse la medida cautelar que solicita se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían las disposiciones de orden público que regulan el proceso legislativo, en contra del cual es improcedente conceder la medida cautelar solicitada”.

Sin embargo, el juez apercibió a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Comisión del Agua para que informen sobre la consulta a los pueblos originarios. 

“Tienen que entregar estos informes, tienen que comprobarle al juez de distrito que nos consultaron, cosa que no hicieron y no lo van a poder comprobar”, afirmó Rafael Ornelas.