MÉXICO

Familia de Alana, menor asesinada durante operativo de la fiscalía de Guanajuato, acusa negligencia
Martes 10 de Febrero de 2026
HECHOS DE 2025

Familia de Alana, menor asesinada durante operativo de la fiscalía de Guanajuato, acusa negligencia

La niña viajaba con su padre en un vehículo cuando agentes ministeriales llegaron para cumplimentar una orden de aprehensión, pero el escolta al pensar que era un intento de secuestro accionó su arma e intentó huir

Créditos: Especial
Escrito en MÉXICO el

Guanajuato.- Familiares de la menor Alana, de ocho años, quien murió en un tiroteo con agentes de la Fiscalía de Guanajuato que iban a detener a su padre denunciaron negligencia y le negativa de esa dependencia aceptar una recomendación de Derechos Humanos que señalaba fallas en la investigación y presunta negligencia.

A casi un año de la muerte de Alana, los padres de la niña aseguran que no hay responsables, que el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, nunca los ha recibido y los agentes que la mataron siguen sin castigo y trabajando de forma normal.

La niña murió el 11 de marzo del 2025 en un operativo que realizó la Fiscalía de Guanajuato en San Miguel Allende para aprehender a su padre Alan Pérez quien tenía una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio en agravio de su hermana, con quien tenía conflictos por una herencia.

Esa mañana, Alan llevaba a sus hijas a la escuela junto con dos de sus escoltas cuando les cerraron el paso, dos vehículos con vidrios polarizados y sus escoltas al pensar que se trataba de un secuestro abrieron fuego y trataron de escapar.

Los agentes de la fiscalía dispararon contra la camioneta y una de esas balas mató a Alana, quien fue llevada a una clínica donde fue declarada muerte; su padre fue detenido en el lugar.

Mariana Almanza, madre de la menor aseguró que pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum ayuda por el feminicidio de su hija pero no ha recibido ayuda ni de autoridades estales ni federales.

“No hemos tenido respuesta de ni de parte de ninguna de las autoridades que sirven a al pueblo y que se deben a las personas para que hagan justicia o intervengan por los ciudadanos, por las víctimas, por las infancias. Yo soy mamá también de Alana y solicito eso, que nos escuchen, que nos ayuden a esclarecer esta situación donde hay bastante evidencia de la negligencia, del abuso de fuerza”, dijo la madre de Alana.

Por su parte Alan Pérez aseguró jurídicamente que demostró su inocencia por el delito de tentativa de feminicidio y que un juez federal lo amparó en contra de la vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio en contra de agentes de la Fiscalía que lo acusaban de dar la orden de matarlos.

“La fiscalía parece que actúa, al menos lo que yo viví y vi, actúan como sicarios criminales, como lo vemos en los municipios del bajío, triste y lamentablemente aquí en Guanajuato y en otros lugares y entonces no pasa nada. Se le echa la culpa a las otras personas. Entonces, mi hija murió por la negligencia de estas personas. Dispararon más de 50 veces en contra de mi vehículo”, dijo el padre de Alana.

Hoy en rueda de prensa divulgarán la revolución de Derechos Humanos 7322025 donde confirman que hubo uso excesivo de la fuerza sin que hubiera una planeación en el operativo de los agentes de Investigación Criminal y confirmaron que no garantizaron el derecho a la vida de Alana, además de que golpearon a su padre cuando ya estaba detenido.

“Por lo expuesto, AIC-01, AIC-02, AIC-03, AIC-04, AIC-05, AIC-06, AIC-07 y AIC-08; omitieron salvaguardar el derecho humano a la vida de NN-01, pues omitieron realizar una planeación para la implementación de la orden de aprehensión, y como consecuencia de su ejecución, no fue proporcional el uso de la fuerza;”, dice la resolución de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos quien confirma además que la camioneta donde murió la niña presentaba 26 disparos de arma de fuego.

Además, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos pide una compensación a las víctimas y que les otorgue atención psicológica.

También pide a la Fiscalía que inicie una investigación y que capacite a agentes de Investigación Criminal en materia de Derechos Humanos.

La resolución no ha sido aceptada.