Los mexicanos deportados desde Estados Unidos enfrentan un doble desarraigo: son expulsados del país donde construyeron su vida y, al volver a México, no logran reinsertarse en su lugar de origen, muchas veces marcado por la violencia y la precariedad económica. 

A este escenario se suma la denuncia de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) caracterizados por detenciones arbitrarias y presuntas violaciones a derechos humanos, que se cometen sin que ninguna autoridad los sancione.

Historias como la de Daniel Iniestra revelan el impacto de estas políticas: tras pasar la mayor parte de su vida en Estados Unidos, fue detenido, trasladado entre varios estados y finalmente deportado a México, su país de origen, pero que hoy le resulta ajeno.

Organizaciones civiles advierten que este no es un caso aislado. Miles de personas deportadas o forzadas a autodeportarse llegan a México sin condiciones mínimas de reintegración, enfrentando indiferencia institucional y un horizonte laboral incierto.

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