Un amparo impidió que el gobierno de la Ciudad de México realizara el desalojo del campamento que resguarda a cerca de 300 migrantes que desde hace más de dos años se ubicaron sobre las vías en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El operativo estaba planeado para efectuarse a las 5:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026, lo que puso en alerta a los migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, que realizaron guardias durante la madrugada para evitar ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad capitalina. 

“Aquí vivimos todos unidos y nos cuidamos unos con otros, pero ya uno salirse de aquí, o sea, cada quien agarra su rumbo y no tenemos en donde alquilar, donde estar, ni nada de eso, pues, entonces, bueno, estamos al criterio de que Dios nos ayude”, lamentó Araceli Cortés, migrante venezolana. 

A las 06:30 de la mañana, el amparo con número 247/2026 en favor del campamento llegó a través de un notificador que esperó la llegada de alguna autoridad del gobierno de la CDMX para informarle sobre la orden judicial de suspender cualquier acto de desalojo.

Pero fue hasta las 07:30 de la mañana que se pudo entregar la medida cautelar de protección a Temístocles Villanueva, coordinador general de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México, quien sólo lo recibió y se retiró del lugar. 

“En este caso Temístocles Villanueva y su equipo, nos hicieron esperar dos horas y media para poder tener información y bueno pues nada más esperaríamos ahora el posicionamiento sobre todo de la jefa de gobierno, Clara Brugada, invitándola a hacer una mesa de diálogo para poder solucionar esta situación que aqueja digamos desde ya bastante tiempo a este espacio y bueno buscar una solución que beneficie a todas las partes”, indicó Rodrigo Yedra, defendor de derechos humanos de migrantes en México.

El activista aseguró que la mayoría de estos migrantes no han podido encontrar un trabajo estable debido a que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), tardan hasta un año en dar seguimiento a la solicitud para regularizar su estancia en el país.

“Todo es un círculo: si ellos no tienen esta documentación, no pueden acceder a un trabajo digno; si no tienes un trabajo, no tienes una vivienda, y estamos en un país en donde la crisis de vivienda es completamente constante en la Ciudad de México. Si ni para nosotros como mexicanos es viable poder rentar un espacio para una persona que no tiene documentos, es muchísimo más complejo”, afirmó Paola Macedo, integrante de la organización defensora de mujeres y personas en movilidad “Las Vanders”.

Un día antes, el jueves 19 de febrero, elementos de la Coordinación de Atención de Movilidad Humana de la CDMX dieron un ultimátum de 24 horas a los habitantes del campamento para que abandonaran los cuartos construidos con madera y lonas, ya que serían reubicados en albergues ubicados en Tepito y La Lagunilla. 

Unidades de la policía se ubicaron en los alrededores del campamento desde las cuatro de la madrugada; la llegada de medios de comunicación provocó que las patrullas se retiraran y cambiaran al esquema de vigilancia a rondines. 

Camiones de carga y trascabos para derribar las chozas fabricadas con madera y cartón esperaban la orden, mientras que los activistas pedían tranquilidad a los migrantes en espera de que llegara el amparo que sería presentado a las autoridades. 

Para estas familias que realizaron la travesía con la Caravana Migrante desde Venezuela y llegaron a México con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad de vida, lamentan que el discurso de estado amigo sólo sea eso, palabras sin compromiso. 

“Cuando deberían tenernos apoyo, yo soy solicitante de refugio en la Ciudad de México, estoy esperando mi resolución, entonces en vez de apoyarnos, el gobierno apoyarnos, mira lo que nos quiere hacer, o sea, sacarnos, ¿a dónde?, ¿qué vamos a hacer?, estamos pidiendo refugio si no estamos sintiendo el apoyo”, reclamó Yoko González, migrante venezolana.