La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revocar un amparo concedido a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, en contra de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SCJN aprobó por unanimidad el proyecto que presentó la ministra Lenia Batres Guadarrama, revocando la protección que había otorgado un juzgado de Distrito de Tamaulipas.
Durante la exposición de su propuesta de sentencia, la ministra Batres aclaró que su proyecto no prejuzga la culpabilidad del exgobernador panista, pero consideró que el juzgador que otorgó el amparo realizó valoraciones que corresponden al juez que lleva el proceso penal.
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"Para librar una orden de aprehensión basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión", explicó la ministra.
Aunque la mayoría de los ministros señalaron estar en contra de las consideraciones plasmadas en el proyecto de Batres, votaron a favor de los puntos resolutivos que propusieron negar el amparo al exgobernador de Tamaulipas.
"De aprobarse el proyecto en los términos propuestos, la Suprema Corte dejaría de actuar como tribunal de control constitucional y se trataría más bien de un órgano que se sustituye en un juez legalmente previsto para ordenar o negar la orden de aprehensión", precisó Yasmín Esquivel Mossa.
Tras la intervención del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en el que propuso que la sentencia final incorpore los argumentos de los demás ministros, Lenia Batres aseguró que "va a reforzar las argumentaciones" con las notas que le envíen sus compañeros.
La nueva integración de la SCJN atrajo el caso en octubre de 2025, a solicitud de la FGR después de que el juzgado Octavo de Distrito de Tamaulipas amparó al exgobernador por considerar que la fiscalía no entregó pruebas suficientes sobre la supuesta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El asunto tiene su origen en 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que la Fiscalía especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó en 2021 a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas, la cual aprobó la mayoría morenista y aliados.
García Cabeza de Vaca interpuso una controversia constitucional contra la decisión de la cámara de Diputados, por invadir facultades del Congreso de Tamaulipas. En agosto de 2022, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte dio la razón al panista y se paralizó el proceso de detención.
Una vez que concluyó su mandato al frente del gobierno tamaulipeco, la FGR volvió a solicitar una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca; sin embargo, un juez federal amparó al panista en contra de dicha orden el cual fue revocado este martes por la SCJN.