La Fiscalía General de la República sostiene que el gobierno morenista de Tequila, Jalisco, operó no solo infiltrado, sino convertido en una organización criminal encabezada por el alcalde Diego Rivera Navarro.
En la solicitud de orden de aprehensión, a la que Latinus tuvo acceso, la Fiscalía alerta que esta organización es un riesgo para la seguridad nacional.
El expediente señala la participación directa de al menos seis funcionarios municipales que, de forma reiterada, abusaron de su calidad de servidores públicos para delinquir.
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La extorsión aparece como una práctica institucionalizada: comerciantes y vendedores eran clausurados para después ser obligados a pagar fuertes sumas a cambio de reabrir y seguir operando.
El caso va más allá del control económico y alcanza la disputa política. La Fiscalía acusa a Diego Rivera de participar en secuestros de candidatos morenistas para forzar su renuncia. Además de pactar presuntos pagos millonarios al Cártel Jalisco Nueva Generación.
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