El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirmó que el ejército “siempre se ha opuesto a que se doten a las policías estatales de armamento de uso exclusivo de los militares” pero consideró que “llegó el momento de debatir este tema”.

El pronunciamiento de Monreal se dio luego de que reunirse con diputados locales de Chiapas, quienes aprobaron una iniciativa que “permitiría que corporaciones de seguridad pública puedan adquirir y portar armamento de mayor capacidad bajo control institucional”.

“Ustedes abren un debate. Chiapas abre un debate sobre un tema que ha sido durante muchos años, décadas una especie de tabú porque no les permiten a las policías estatales usar armas de mayor calibre y hoy se abre ese debate que me parece sano que sehaga y me parece importante que lo realicemos”, expresó.

Adelantó que la iniciativa promovida por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez será remitida “a la Comisión de la Defensa Nacional inmediatamente, hoy que me la entregan, mañana la turnaremos y empezaremos la discusión de este tema clave”.

“México debe de deliberar, discutir y establecer con toda seriedad cuáles son sus prioridades y esta es una iniciativa que presentan los diputados que fueron aprobadas esta iniciativa, entonces ya nosotros iniciaremos el debate a partir de mañana”, indicó.

Monreal dijo que la iniciativa, que será turnada a la Comisión de Defensa del recinto legislativo de la Cámara de Diputados prevé que en el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se amplíe “la facultad de la secretaría para autorizar permisos de adquisición y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a instituciones de seguridad pública, previa justificación”.

“Sustituye el Certificado Único Policial por certificado individual vigente del personal. Dispone que, cumplido el objetivo, el armamento sea transferido a la secretaría o quede bajo resguardo militar”, apuntó.

El pasado 5 de febrero, el congreso de Chiapas aprobó el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que los policías estatales tengan la facultad de portar armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia organizada.

“En otras partes del mundo que ya autorizaron la constitución y el congreso de aquellos países ya autorizó el uso de estas armas para policías regionales estatales y municipales llegó el momento de debatir ese tema aquí en el Congreso de la Unión”, planteó.

El líder de la bancada de Morena resaltó que la iniciativa “busca fortalecer la capacidad de las entidades federativas frente a los riesgos que se enfrentan y reforzar la respuesta del estado frente a escenarios de alta violencia”.

Consideró que “México está atrasado en ese tipo de ordenamientos jurídicos, en ocasiones por el cuidado el exceso y pulcritud de que las policías estatales no sean dotadas de armamento mayor de calibre mayor”.

“Pero en todas partes del mundo ya existe reglamentación jurídica al respecto atendiendo el derecho comparado, por ejemplo en Colombia la policía nacional y las policías en los estados pueden portar armas de guerra y armamento de uso militar bajo control y supervisión del estado”, recordó.

Monreal agregó que “en Brasil las policías estatales tienen acceso a fusiles y armamento de alto calibre con regulación federal, que es lo que se pretende hacer aquí y también en algunas regiones donde la violencia está demasiado alta también se autoriza a las policías estatales”.

“En Estados Unidos, los departamentos de policías locales pueden utilizar equipo y armamento militar transferido por el departamento de la defensa hay un programa que se denomina 1033, especialmente para operaciones contra el crimen organizado”, abundó.

El coordinador de Morena recordó que Francia cuenta “con unidades especializadas de la Policía Nacional de la Gendarmería, que están autorizados para usar armamento de grado militar en operaciones de alto riesgo”.

“O la Guardia Civil de España y unidades especiales del Cuerpo Nacional de Policía en las regiones pueden emplear armamento de mayor potencia en operativos contra terrorismo y delincuencia organizada”, añadió.

En una tarjeta informativa Monreal explicó que se trata de “sujetar el uso de ese armamento a principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, prevención, rendición de cuentas, vigilancia, oportunidad y respeto a los derechos humanos conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”.