La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la Auditoría Superior de Guerrero detenga el proceso de responsabilidad administrativa que inició en contra de Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, por no proporcionar la información necesaria para revisar el ejercicio del presupuesto público de 2023.
Por unanimidad, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García en el que propuso dejar sin efectos la notificación de inicio del procedimiento que realizó la Auditoría Superior guerrerense en junio del año pasado.
Abelina López Rodríguez presentó dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte en mayo pasado; una contra el proceso de revocación de mandato que inició el Congreso de Guerrero y la otra para frenar la auditoría del órgano fiscalizador de ese estado.
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En febrero de 2024, la Auditoría Superior de Guerrero solicitó información al ayuntamiento de Acapulco para revisar la cuenta pública de 2023, en específico, el uso del fondo de aportaciones federales.
López Rodríguez contestó al requerimiento que se encontraba imposibilitada para dar esa información ya que había pedido licencia al cargo, del que se separó para dedicarse a su campaña de reelección como alcaldesa del puerto.
El auditor superior de Guerrero dio vista al Congreso local de la falta de respuesta de López Rodríguez y, a la par, inició un proceso de responsabilidad administrativa contra la morenista.
En junio de 2025, el entonces ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite las controversias presentadas por el ayuntamiento de Acapulco y concedió la suspensión para detener los procesos contra López Rodríguez.
Un día después de que se concedió la suspensión, la Auditoría Superior de Guerrero notificó a Abelina López el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, que ahora queda sin efectos tras la decisión de la Suprema Corte de este martes.
Esta es la segunda vez en el año que la SCJN ratifica la protección a Abelina López Rodríguez. En enero, el máximo tribunal reiteró que el proceso de revocación de mandato está paralizado entanto no se resuelva la controversia constitucional promovida por la titular de Acapulco.