Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), consideró que el "plan B" de la reforma electoral es una respuesta del gobierno federal ante el temor de “la pérdida del respaldo político-popular”.

“Es para justificar cómo mantienen más representación popular con menos votos, porque están preocupados, pues, de la pérdida de respaldo político-popular. Acuérdense de algo muy importante: por más que nos hagan creer que dominan, no saben creer que dominan el 90% de las cámaras, que sí se ganaron algunos con carpetas de investigación, otros los fueron a comprar, otros los amenazaron, y así fueron juntando”, dijo.

En conferencia de prensa, el también alcalde de Miguel Hidalgo advirtió que “el respaldo que tiene el gobierno es menor. Y entonces lo que quieren es, con la reforma electoral, garantizar mayor poder”.

“No hay ninguna reforma electoral que se haya aprobado en los últimos años sin consenso. Ya de entrada, cuando los actores dentro del juego político la descalifican, pues es porque ahí está la amenaza de hacer el piso más disparejo. Y eso es lo que están buscando: mantener el poder y reducir la voz de la oposición y, obviamente, la representación popular”, insistió.

El “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum propone reducir el número de regidores y síndicos en municipios y topar el presupuesto de congresos locales, con el objetivo de eliminar privilegios, reducir gastos excesivos en la clase política y redirigir esos recursos a obras públicas municipales y participación ciudadana.

Las alcaldías de la Ciudad de México bajo otro “riesgo político”

Además del llamado “plan B” de la reforma electoral, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, expresó su preocupación sobre el llamado “Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025–2045”.

Consideró que este proyecto, que impulsa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también busca centralizar el poder, despojar de recursos a la alcaldía, explotar el suelo sin beneficiar a los vecinos y debilitar la representación y autonomía local, todo ello bajo la sospecha de motivaciones políticas y electorales.

“Sí lo vemos como un riesgo político: debilitar la coordinación entre gobiernos de las alcaldías y agravar la disputa en los territorios. Cuando la función de los gobiernos de las alcaldías es el primer contacto, aprovechar los recursos. No utilizar el Plan General de Desarrollo como un pretexto para intervenir políticamente en el territorio”.

El alcalde de extracción panista destacó que el principal riesgo del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es que entre los cambios que se buscan está crear “casas de gobierno” que representen a las autoridades de la capital, y eso “minaría la representación de los vecinos”.