La magistrada Natalia Téllez, cercana a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podría ser considerada inelegible por diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto, tras haberse registrado candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones federales del año pasado; no ganó, pero la legislación impide buscar otro cargo por un año.
El artículo 88, inciso V de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas establece entre otros requisitos para aspirar a la titularidad de la ASF, “no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento”.
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En respuesta, la magistrada Téllez envió una carta a los diputados de dicha comisión en la que argumentó que “el cargo de ministro no se transforma en un ‘cargo de elección popular’ en el sentido técnico que el sistema constitucional mexicano ha atribuido tradicionalmente a esta categoría”.
“Los cargos de elección popular, en el lenguaje constitucional, son aquellos que implican representación política del electorado y ejercicio de funciones de gobierno o legislación: presidencia de la República, diputaciones, senadurías, gubernaturas, ayuntamientos y otros cargos equivalentes”, abundó.
En su fundamentación de once páginas La magistrada Téllez consideró que “se trata de posiciones que suponen dirección política del Estado o representación territorial”.
“Desde una interpretación teleológica, la finalidad del requisito es clara: impedir que una persona que haya participado recientemente en una contienda electoral de carácter político-representativo, con campañas, financiamiento, estructura partidista y compromisos públicos, asuma la conducción del órgano que fiscaliza el gasto público federal”, argumentó.
Téllez consideró en su misiva distribuida este lunes a los diputados de la Comisión de la ASF que “en cambio, la función jurisdiccional de la Suprema Corte no implica administración política del gasto público ni dirección de políticas gubernamentales”.
Los diputados que integran la comisión cuyo presidente es el pevemista, Javier Herrera Borunda cuentan con 48 horas para definir la ilegibilidad o no de la magistrada Téllez.
Otros 21 casos de 92 aspirantes que se registraron para ocupar la titularidad de la ASF, también deberán resolverse por no haber entregado diversos documentos como carta de no antecedentes penales federales, como José Alfredo Villarreal, Luis Rodolfo Villarreal, Enrique Sánchez o María Gabriela Hernández.
La misma Gabriela Hernández tampoco acreditó diez años de experiencia laboral, lo mismo que Daniel Perdomo, Rafael Saavedra o Luis Raúl Hernández.
Uno más fue el aspirante a auditor del país, Juan Rafael Ramírez, quien además de no haber entregado currículum vitae en el formato solicitado, tampoco presentó carta de protesta de decir verdad, al igual que Tomás Ferrera.
Tanto el caso de la magistrada Téllez como el resto de los 21 aspirantes, se resolverá en un plazo de 48 horas para definir quiénes son los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas, para ser considerados en la terna que será votada en el pleno el próximo 11 de marzo.