Los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado comenzaron la dictaminación de la iniciativa del “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Destacó —hasta ahora— la ausencia de los senadores del PT, Alejandro González y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Los senadores panistas Marko Cortés y Mayuli Latifa presentaron una moción suspensiva para que se incluyera en la dictaminación las iniciativas presentadas por los senadores Mario Vázquez y Manlio Fabio Beltrones.
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Sin embargo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, argumentó que no existen las mociones suspensivas en comisiones, sólo en el pleno cameral. Argumentó que hay más de 100 iniciativas en materia electoral presentadas por legisladores, y argumentó que todas serán dictaminadas en otro momento.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que el proyecto de reforma a cuatro artículos de la Constitución desdeña el pacto federal de la República, ya que impone criterios presupuestales a los Congresos locales.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, consideró que la iniciativa presidencial es sólo un discurso del gobierno federal de austeridad y reducción de privilegios, pero en realidad es para meter una revocación de mandato convertida en ratificación de popularidad de la titular del ejecutivo federal.
El proyecto de dictamen a discutir establece un cambio al artículo 35 constitucional para que la consulta de revocación de mandato a la persona del titular del Ejecutivo federal pueda hacerse el primer domingo de junio del 2027 o 2028.
“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, menciona.
Establece que quedará prohibido el uso de recursos públicos, el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión del ejercicio de consulta.
El proyecto de dictamen menciona que cada ayuntamiento se conformará por una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Con ese cambio se subsanó el error con el que se presentó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, que omitía la paridad de género.
El proyecto también contempla que el presupuesto anual de los Congresos locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente, además de que deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
Mencionó a que las remuneraciones de los consejeros del INE, las magistradas y magistrados electorales del Tribunal Electoral, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.