La diputada de Morena, Alma de la Vega, subió a tribuna para recordar que México “es hoy el cuarto país del mundo con mayor número de pantallas cinematográficas. Sin embargo, sólo un 4% de los boletos vendidos corresponden al cine nacional”.
“Esto no es casualidad, responde a una realidad marcada por la concentración en la distribución y exhibición de contenidos extranjeros que limita el acceso del público a las producciones mexicanas”, aseguró.
Como presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, De la Vega fundamentó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía vigente desde 1992.
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La diputada de Morena afirmó que “frente a esta realidad, el Estado tiene la gran responsabilidad de actuar, y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con esta ley de cine y audiovisual”.
“No puede restringir la creatividad y no para imponer contenidos, sino para garantizar condiciones equitativas para que el cine mexicano tenga presencia, visibilidad y oportunidades reales, porque defender el cine nacional es un acto de defensa cultural”, garantizó.
La morenista destacó entre los beneficios de esta ley, “una cuota mínima del 10% del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual”.
“La obligación que tendrán las plataformas digitales para que cuenten con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, garantizando su presencia en el entorno digital”, resaltó.
La morenista dijo que además habrá “incentivos fiscales de hasta 30% del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país”.
“Medidas de inclusión y accesibilidad que garantizan el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y autodescripción y apoyos a creadoras indígenas y afromexicanos”, prometió.
De la Vega mencionó que “una copia de cada película mexicana será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional, reconociendo que nuestras obras cinematográficas forman parte de la memoria histórica de nuestro país”.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, consideró que “lo primero es que se corrige la tendencia del desprecio a la cultura que marcó el gobierno anterior”.
“El primer gobierno de Morena, que sistemáticamente redujo dinero para la cultura y donde los apoyos al cine vieron drásticas reducciones”, agregó.
El emecista expresó su preocupación por el presupuesto para activar la nueva legislación, porque “se hacen trampas para contar como apoyos cosas que no necesariamente lo son”.
“Nosotros podemos legislar, hacer los cambios necesarios en las comisiones y aun así, las leyes no se convierten más que en un orientador aspiracional de política pública”, indicó.
La diputada Ofelia Jasso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que “esta ley es un intento por corregir los graves errores y el terrible abandono que se dejó a la industria durante el sexenio pasado”.
“Nosotros se lo dijimos en 2020 y hoy ustedes nos dan la razón. En esta misma tribuna denunciamos que la desaparición de Fidecine y de muchos otros fondos federales debilitó la cultura y las artes”.
La diputada del PRI resaltó que “en su propio dictamen, se reconoce que es necesario reconstruir el esquema de financiamiento porque la eliminación del fondo generó incertidumbre, cancelación de proyectos y vulnerabilidad para cineastas y trabajadores”.
“Es así como esta ley viene a tapar un hoyo que abrió el propio gobierno de la Cuarta Transformación”, abundó.
El diputado del PAN, Omar Antonio Borboa, remarcó que “la industria del cine quedó desprotegida cuando el Fidecine fue extinguido en el año 2020 por decreto presidencial y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional por violar los derechos culturales, el freno y su desaparición”.
“Este operó sin fondos, fue reemplazado por el Focine, que tiene el mismo sustento legal que depende del presupuesto, que es, por cierto, un presupuesto muy bajo”, indicó.
El panista coincidió en que “no se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto es generar expectativas que no se van a cumplir”.
Además, adelantó posibles “riesgos en materia de competencia económica. Hay posibles conflictos en tratados internacionales; no podemos ignorar que la industria también es parte de un mercado global”.
El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad con 466 y en lo particular con 462 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que fue turnado al Senado de la República.