La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen en lo general que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, en un 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos.

En su fundamentación del dictamen, la diputada de Morena, Haidyd Arreola, aseguró que el dictamen “se encuentra sustentado en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones”. 

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó. 

La morenista Arreola aseguró que se “propone una solución clara y jurídicamente consistente y no contraviene el principio de irretroactividad, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Las reformas constitucionales, a diferencia de las legislaciones ordinarias, pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes, cuando así lo determine el poder reformador, sin que ello implique una violación al principio de seguridad jurídica”, agregó.
Con su estilo pedagógico, la diputada del Partido Acción Nacional, Laura Cristina Márquez, subió a la tribuna a preguntar a la denominada 4T. 

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, dijo.

“¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”, subrayó. 

La panista ironizó: ¿Y qué me dicen de Pablo Gómez, el becario del gobierno federal? Después del Plan A y su fracaso, ni pintó en el 'plan B', pero bien que cobra, ¿no?

“Menos aún cuando regalan a una dictadura 400 millones de dólares —para que los que no sepan— 8 mil millones de pesos más o menos, dicen, contra los 5 mil que dizque van a ahorrarse por estos ajustes”, enfatizó.

Alejandro Domínguez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), remarcó que “lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”. 

“Este derecho es el que se ha vulnerado hoy; mañana puede ser otro tipo de derecho el que se verá vulnerado”, agregó.

El diputado Domínguez consideró que “si permitimos que el Estado modifique derechos ya adquiridos, entonces estamos aceptando que ningún derecho en México está garantizado. Puede ser modificado en cualquier momento”. 

“Eso rompe la certeza jurídica, rompe la confianza en el Estado y rompe el pacto social”, remachó.
Luego de la aprobación con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados pasaron a la discusión en lo particular.