La nueva metodología presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas parece centrarse más en los números que en la localización efectiva de las víctimas de acuerdo con expertos de Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano, México Unido Contra la Delincuencia y Consultora Solidaria.

Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, señala que la segmentación del registro transmite la impresión de que existe una necesidad de reducir la cifra oficial de desaparecidos sin que se presenten acciones concretas para encontrarlos. A su juicio, el gobierno federal no ha acompañado la nueva clasificación con medidas verificables.

“Lo que nos entregan ahora no es una nueva metodología, no es una nueva base de datos, no es un nuevo registro, es simplemente un reporte similar a lo que ya se había hecho antes de digamos cómo van y pues tampoco es como que vayan muy bien”, dijo en entrevista.

Para Canjura, faltan medidas como el aumento de personal en comisiones de búsqueda, mayor presupuesto o el fortalecimiento de fiscalías especializadas, lo que hace pensar que se trata más de una justificación estadística que de una política pública integral frente a la crisis.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que el recuento presentado exhibe una cadena de fallas acumuladas durante más de una década en los tres niveles de gobierno y en las fiscalías, que han impedido el acceso a la verdad y la justicia para las familias.

Subraya que la falta de carpetas de investigación y las constantes negativas de las fiscalías a recibir denuncias reflejan un problema estructural del Estado mexicano, en un contexto donde más de 130 mil personas permanecen desaparecidas y la mitad de los registros corresponden a los últimos años.

“Si hay tan pocas carpetas de investigación es porque las fiscalías no permiten que se inicien las carpetas. Sólo el año pasado tuvimos por lo menos 50 hechos nosotros registrados en el Observatorio Nacional Ciudadano en el área de atención a víctimas de personas que se acercaron con nosotros y nos dijeron: "Oiga, pues es que yo fui a la fiscalía y ya fui una, ya fui dos y ya fui tres y no me dan nada. Ni siquiera me reciben”.

Para Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, las cifras revelan una grave condición de impunidad procesal y estructural, en la que las propias autoridades no cuentan con las capacidades necesarias para construir registros estadísticos confiables ni para investigar los casos.

“La obligación de que estos datos no figuren en los registros es una obligación de la autoridad y ahí una de las cosas que nosotros hemos notado para este caso, pero también para casos, por ejemplo, del Registro de Incidencia Delictiva o para el caso todavía más grave de las defunciones y las causas de muerte violentas en México, es que la calidad de los registros estadísticos es todavía muy mejorable en muchos casos”, dijo.

La especialista advierte que uno de los aspectos más preocupantes es el bajo número de desapariciones que cuentan con una carpeta de investigación abierta, lo que confirma la debilidad institucional para documentar, investigar y dar seguimiento a las denuncias.

Michael Chamberlin, director de Consultora Solidaria, considera que la presentación del informe también responde a presiones internacionales, particularmente ante la posible intervención del Comité contra las Desapariciones de la ONU, y critica la falta de transparencia metodológica en la revisión del registro.

Chamberlin consideró opaca la nueva forma de contabilizar a los desaparecidos. “No hay referencias a ni a una metodología, a cómo se realizó esta revisión. Dejaron fuera datos importantes como, por ejemplo, no solamente los subregistros, sino los subregistros (…) ¿por qué no cotejaron los datos con las fiscalías antes de no hacer estas afirmaciones? Dejaron fuera los cuerpos sin identificar y eso no genera explicaciones, al contrario, genera muchas más dudas”, dijo en entrevista