El presidente de la organización civil Defensorxs AC, Miguel Alfonso Meza, se convirtió en uno más de los ciudadanos obligados a pedir disculpas públicas por ejercer su derecho a informar.

A través de sus redes sociales denunció que el Tribunal Electoral le impuso una sanción por haber expuesto, previo al proceso de elección del Poder Judicial, que Silvia Rocío Delgado, fue abogada de “El Chapo” Guzmán, situación que la misma jueza reveló en una documental.

El documento incluye la leyenda que debe publicar en la disculpa pública… “Yo Miguel Alfonso Meza Carmona ofrezco una disculpa pública a “dato personal protegido”, y en la que debe reconocer que sus expresiones “constituyeron violencia política de género en su contra”.

El activista aseguró que no acatará la disposición, “no voy a pedir disculpas, sin importar qué sanciones me quieran aplicar para obligarme. —No voy a eliminar nuestras publicaciones.— Vamos a redoblar nuestro trabajo para exponer la narcopolítica”, enfatizó.

El informe “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México” reveló un preocupante incremento de acciones legales que buscan censurar a periodistas desde que Morena llegó al poder.

La organización Artículo 19 documentó que tan sólo en 2025 fueron promovidas 52 denuncias de funcionarios públicos o políticos en contra periodistas y 12 en contra de medios de comunicación.

“Es la tendencia a estigmatizar a la prensa desde la tribuna pública, una estrategia de comunicación política que se inauguró con la llegada de López Obrador al poder y ahora el sexenio de Claudia Sheinbaum se puede caracterizar, por lo menos por la tendencia que ya vimos el primer año, como el sexenio del acoso judicial”, afirmó Leopoldo Maldonado, Director de Artículo 19.

La organización defensora de periodistas afirma que políticos y los llamados “Jueces del Bienestar” aprovechan de manera indebida la figura jurídica de “Violencia Política en Razón de Género” (VPEG). Documentó 52 casos de acoso judicial en contra de periodistas y medios.

Esta misma jueza ya había emprendido acciones legales contra otros medios por el mismo caso, como ocurrió con la radiodifusora BI Noticias de la cadena Radio Grupo en Aguascalientes.

“Siento que es lo que están buscando que se autocensuren los medios de comunicación que salga lo que ellos quieran que se publique nada más, pero dejando de lado la transparencia”, lamentó Rocío Gutiérrez, periodista de Aguascalientes.

El acoso judicial llegó al extremo en Veracruz, el periodista policiaco, Rafael León, fue detenido el 24 de diciembre del 2024 y acusado de terrorismo, encubrimiento y contra las instituciones de seguridad pública por la entonces fiscal del estado, Karla Díaz Hermosilla, asentada en dicho municipio.

“Lo que pasa es que yo iba a hacer el ejemplo, el cochinito, me iban a encerrar y acusar de terrorismo para que precisamente jamás volviera algún periodista a meterse a decir algo en contra del gobierno”, consideró Rafael León, reportero acusado de terrorismo.

En Campeche desde que Layda Sansores asumió la gubernatura, cinco medios de comunicación han cerrado, Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades; y tres comunicadores han sido agredidos físicamente, detenidos y censurados, Jorge González, Enrique Pastor y Arturo Martínez, los tres por el delito de violencia política de género e incitación al odio. Afirman que la gobernadora tiene el control de todos los poderes del estado.

“Es el grupo y utilizan el tribunal superior de justicia, utilizan a las fiscalías, los ministerios públicos, utilizan a los jueces civiles y penales es el agobio total contra todo aquel que se atreve a disentir a comentar o a criticar y no vemos cambios”, acusó el periodista, Jorge González, víctima de censura.

Artículo 19 concluye que la reforma al poder judicial más que una renovación fue creada para tener mayor control no sólo de los medios de comunicación sino de la vida pública en México.

Los estados considerados como los más acosadores contra los medios de comunicación son Veracruz con 10 casos; Ciudad de México con 9; Jalisco, 6; Campeche, Puebla y Oaxaca con 3 cada uno.

“La reforma judicial de una manera u otra fue el banderazo de salida para que los jueces o juezas que se quedaban en el poder judicial se alinearan. Y matando al mensajero le mandas un mensaje al resto de la comunidad, uno no cubras este tema, ni tú, ni tú, ni tú mucho menos el medio al que pertenece o si es independiente pues a la colectividad y a la sociedad ya no le busquen por ahí, ya no busquen información de tal personaje o de tal tema en la comunidad”, enfatizó Lepoldo Maldonado.