El presidente de la asociación "En el corazón está el cambio", Juan Carlos Atzín Calderón, reveló en entrevista para Latinus, que el estado de Veracruz se encuentra en una crisis ambiental sin precedentes, derivada del derrame de hidrocarburo que afectó el litoral del Golfo de México.

El ambientalista compartió que, tras obtener las suspensiones provisionales 337/2026 y 594/2026, se obliga a las autoridades federales a implementar un plan de remediación integral a mediano y largo plazo.

Mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta daños mínimos, el monitoreo de la sociedad civil ha contabilizado al menos 12 tortugas marianas afectadas, dos delfines y decenas de aves y crustáceos.

"Estamos trabajando y revisando y poder generar sobre todo qué es lo más importante un saneamiento, una remediación de esto y una restauración del equilibrio ecológico que es lo que buscamos porque en Veracruz tenemos una riqueza incalculable de recursos naturales de especies", señaló el presidente de "En el corazón está el cambio".

El activista detalló que en casi dos décadas de activismo en la región, nunca se había presenciado una mortalidad de especies tan alta en un periodo tan breve, lo que demuestra las versiones de impacto moderado.

"El tema de la mortalidad de las especies, no las atribuyen al derrame de hidrocarburo, las autoridades, nosotros sí, porque en la historia reciente en Veracruz nunca habíamos tenido una mortalidad de especies tan mayúscula en tan poco tiempo", aseveró el presidente de la asociación.

Enfatizo que el daño se extendió a tres Áreas Naturales Protegidas: la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, el Sistema Arrecifal Veracruzano y Lobos-Tuxpan. 

También señaló que la simple presencia de hidrocarburo —catalogado como residuo peligroso— en estos ecosistemas constituye un impacto ambiental negativo irreversible para la biodiversidad local ya que la exposición del hidrocarburo a las altas temperaturas de la región provoca la liberación de gases tóxicos, lo que podría desencadenar afectaciones, como temas de salud pública.

Ante esta amenaza, la organización ha insistido en que la disposición final de los residuos sea ejecutada exclusivamente por empresas reguladas que cuenten con planes de manejo específicos y permisos vigentes.

Juan Carlos explicó que la evidencia presentada ante los jueces no proviene de suposiciones, sino del trabajo en tiempo real de pescadores, comités vecinales y campamentos tortugueros.

Dicha red ciudadana ha permitido recabar pruebas directas donde las autoridades han sido omisas, logrando que el Poder Judicial reconozca el "interés legítimo" de quienes defienden el derecho humano a un medio ambiente sano.

El activista señaló que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se identifiquen a los responsables, ya sean personas físicas, empresas privadas o incluso la propia paraestatal Pemex.