La investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés ha derivado en señalamientos directos contra un funcionario clave de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Familiares de la joven acusan presuntos actos de corrupción durante las primeras horas de búsqueda.
De acuerdo con los testimonios, las autoridades habrían condicionado acciones básicas, como la revisión de cámaras de videovigilancia, al pago de dinero.
El caso también pone bajo escrutinio el desempeño del fiscal especializado en desaparición, Luis Eduardo Poletti Vega, señalado por posibles omisiones en la aplicación de protocolos y de su trabajo en la Fiscalía General de la República.
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A estos cuestionamientos se suma un historial previo de críticas contra el titular de esa área, documentado por un defensor de derechos humanos.
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