Sin una facultad explícita en la Constitución y en las leyes, la mayoría de Morena, PT y PVEM en el Senado aprobó llamar a una reunión de trabajo la próxima semana a a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal del estado, César Jáuregui, para que expliquen sobre la presencia y muerte de dos agentes de Estados Unidos en esa entidad, y sobre las actividades que realizaban.

La inusual convocatoria del Senado a una mandataria estatal en funciones se proyectó para el próximo martes 28 de abril, aunque el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón, reconoció que María Eugenia Campos está en su derecho de no acudir sin ninguna responsabilidad para ella. 

“Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades”, reconoció.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, resaltó que la invitación a la gobernadora panista no tiene sustento jurídico.

“Los instrumentos constitucionales del Senado no están al servicio de ningún partido por motivos políticos, ninguna agenda de poder ni de ningún golpe político”, advirtió.

Aunque anunció el voto en favor del punto de acuerdo para llamar a Campos a una reunión de trabajo, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que el Senado de la República no tiene facultades para citar gobernadoras y gobernadores de los estados.

“Vamos a votar a favor porque el que nada debe nada teme, porque estamos orgullosos del trabajo de la gobernadora de Chihuahua, porque va a ser una extraordinaria oportunidad para que ella les explique cómo es que en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Cómo en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes. Cómo en Chihuahua sí se enfrenta a los criminales con todo el peso de la ley y por eso vamos a votar a favor.

“En esta nueva interpretación, en este precedente que hoy se sienta, nosotros hoy en este momento y por escrito, con toda formalidad, estamos exigiendo la comparecencia de dos gobernadores de Morena, Rubén Rocha Moya del estado de Sinaloa y de Marina del Pilar del estado de Baja California. Si procede la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, entonces por mayoría de razón procede la comparecencia de los narcogobernadores de Morena”, planteó.

En entrevista, el senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el punto de acuerdo aprobado por Morena y sus aliados es innecesario e inútil.

“Esto no es ni tan siquiera un citatorio, porque de eso no tiene facultad el Senado, es invitación a la que pueden venir o no pueden venir; entonces invitar a cualquiera de los demás (a los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Defensa, Ricardo Trevilla) hubiese sido lo prudente y lo necesario”, refirió.

En tribuna, el morenista, Gerardo Fernández Noroña planteó que el PAN “ha reconocido que es la CIA quien estaba operando en Chihuahua”.

“Quien combate al crimen organizado en Estados Unidos es la DEA, no es la CIA, la CIA es una agencia de inteligencia con un pasado muy oscuro que se ha caracterizado por buscar descarrilar a gobiernos democráticos y populares y por promover golpes de Estado. Lo que Acción Nacional ha confesado aquí es que promueve, que le dio uniformes de agentes estatales nada menos que a agentes de la CIA”.

La senadora panista Lilly Téllez consideró que este llamado a la gobernadora de Chihuahua es un plan de Morena para desestabilizar al estado, pese a que el gobierno estatal desmanteló un laboratorio de drogas. 

“El contexto en el que se da esta discusión es en realidad económico-electoral. Todos sabemos que hay un senador aquí en la bancada de los mafiosos que es padrino de un cártel, de La Barredora. Esa información, la del Cártel de La Barredora la tiene el Ejército Mexicano, que tiene todo nuestro respeto. Esa información fidedigna del Ejército Mexicano, que señala a Adán Augusto López como padrino del Cártel de La Barredora, tiene una operación electoral para llevar a otra senadora, Andrea Chávez, a la gubernatura de Chihuahua”, sostuvo.