Organizaciones de derechos humanos y una red universitaria jesuita respaldaron el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en el que solicita que se remita la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyarlo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) lamentaron el rechazo del gobierno de México a dicho informe y subrayaron que el CED no fue omiso con los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para hacer frente a la crisis.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el país”, señala el Centro Prodh.
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Por su parte, el SUJ señaló que considera “innegable” la crisis de desapariciones por la que atraviesa el país y asegura que la han documentado desde hace una década. Así mismo, llamó al Estado mexicano a colaborar y dialogar con las instancias internacionales.
“La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada tomó en cuenta la postura del Estado mexicano el año pasado, así como información recopilada por más de una década, incluyendo el esquema de acciones urgentes, su visita al país en 2021 y la información brindada por familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil”, destacó.
Por su parte, el CEPAD apuntó que las cifras de personas desaparecidas continúan en aumento y que los índices de impunidad son superiores al 99%.
“El Estado argumenta la existencia de nuevos marcos legales e instituciones como prueba de progreso. Sin embargo, es fundamental recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) establece que la voluntad no se mide por los marcos normativos creados, sino por la interrupción de las violaciones a derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia”, contrastó.