Una encuesta de Lorena Becerra, presentada con Carlos Loret de Mola en Latinus reveló que el 63% de la población considera que políticos de Morena han recibido dinero del narcotráfico por sobornos; un 47% de los ciudadanos conocen el caso Rocha Moya, y seis de cada 10 mexicanos piensa que el morenista sí tiene vínculos con el crimen organizado.
“Preguntamos si se enteraron del caso Rocha Moya, así tal cual. No les dimos más contexto. 47% nos dijo que sí, que para mí es bastante alto porque en este tipo de eventos políticos, desastres naturales, etcétera, los números de la población que sabe del caso están alrededor de 30%", dijo la politóloga.
La especialista dijo que, una vez que se le informó a las personas el contexto del tema, es decir, las acusaciones en Estados Unidos, el 60% de la población opinó que se trataba de un caso real de vínculos con el narcotráfico; un 26% consideró que era una acusación para golpear a Morena y un 14% dijo no saber.
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"Seis de cada 10 nos dice que es muy probable que este sí sea un caso de vínculos con el crimen organizado. O sea, podrías decir el 60% de los mexicanos piensa que Rocha Moya es culpable de lo que Estados Unidos", detalló.
"Y la narrativa de que esto es un golpe político para dañar a Morena no está permeando más que el 28% de la población. Menos gente incluso que la que apoya Morena", agregó.
En la pregunta "¿Qué cree que debería hacer la presidenta en ese caso?", un 49% respondió investigar a Rocha Moya y juzgado en México, y un 44% dijo que extraditarlo a Estados Unidos para que sea juzgado allá como ese país lo solicita.
Por su parte, ante la pregunta “¿Qué tanto cree usted que la presidenta Sheinbaum dice la verdad cuando habla de este caso?”, un 30% respondió que siempre o casi siempre dice la verdad; 27% dijo que a veces; 21% que pocas veces; 16% que nunca o casi nunca, y 6% afirmó no saber.
El tamaño de la muestra fue entre 800 personas de más de 18 años de edad durante el periodo de levantamiento del 7 al 12 de mayo.
El 29 de abril, El Departamento de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios —entre ellos el senador Enrique Inzunza— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por usar sus cargos para beneficiar a esa organización del crimen organizado, en especial a la facción de Los Chapitos.