Trabajadores de la central nuclear de Laguna Verde, la única en el país, alertaron a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la crisis laboral y operativa de la planta.
El doctor Jesús Pamanes, exingeniero de CFE y del Centro Nacional de Control de Energía (CNCE), publicó en sus redes sociales la misiva enviada al organismo internacional, fechada al 6 de mayo, en la que se alerta un deterioro por la reforma al artículo 127 de la Constitución.
"Esta situación supone una vulnerabilidad crítica para la seguridad nuclear y la estabilidad operativa de la central, contraviniendo las normas internacionales en materia de gestión de recursos humanos y cultura de la seguridad", dice el texto firmado por varios trabajadores.
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De acuerdo con los trabajadores, los límites a la remuneración y a las pensiones de empleados públicos desmotivan al personal ante los recortes salariales previos a la jubilación.
Argumentan que la medida ignora el nivel de responsabilidad, el riesgo del trabajo y los años de formación exigidos para laborar en una central nuclear.
La misiva alerta que los límites salariales provocan un deterioro en la "defensa en profundidad" de la central nuclear, lo que podría representar un riesgo por la erosión del talento ante la falta de formación especializada y cualificada.
Asimismo, señala que la falta de garantía de jubilación provoca una "fuga de cerebros" hacia otros sectores, mientras que la incertidumbre económica provoca una capacidad reducida para detectar anomalías en el sistema, lo que podría aumentar la posibilidad de un error humano.
También acusan que hay una ruptura en los programas de transferencia de conocimientos, habilidades y capacidades a la siguiente generación por parte de los expertos en la materia en activo y jubilados ante la reducción de ingresos.
El doctor Pamanes afirmó en su publicación que "la seguridad nuclear depende de experiencia y estabilidad operativa".
¿Qué se reformó en el artículo 127?
El pasado 11 de marzo, el Congreso de la Unión aprobó abolir las “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto mando en organismos como Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro.
La reforma está dirigida a eliminar las pensiones consideradas “exorbitantes” de más de 100 mil pesos en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.
Los trabajadores podrán acceder a una pensión máxima de 70 mil pesos mensuales.