Diputados locales de Chihuahua solicitaron juicio político contra la gobernadora Maru Campos por la “presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional”. 

“Dentro de un contexto operativo de seguridad, así como la posible invasión de competencias reservadas a la federación en materia de seguridad nacional y política exterior”, resalta el documento de 104 páginas entregado este martes a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. 

En el documento se sugiere que los “hechos materia del presente asunto se encuentran estrechamente vinculados con posibles delitos contra la salud, particularmente aquellos relacionados con la producción, preparación, almacenamiento y distribución de narcóticos y sustancias químicas controladas”. 

“Cualquier irregularidad en el manejo de la escena, preservación de indicios o conducción de las investigaciones, no constituye una mera deficiencia administrativa, sino, una conducta que potencialmente obstaculiza la persecución de delitos de alto impacto”, subraya la petición. 

El documento establece que “la imputación se formula por días vías: por acción, porque se presume que “la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió y encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional”. 

“O bien, llevó a cabo acuerdos, tratados o entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una espera de gobierno diversa”. 

Además de que a consideración de los morenistas hubo omisión grave, porque, “de confirmarse, permitió un funcionamiento institucional carente de controles, reportes y supervisión suficientes, con el consecuente quebranto al orden constitucional y la soberanía nacional”. 

En la solicitud se subraya que las entidades carecen de facultades para llevar a cabo relaciones de coordinación operativa con agentes extranjeros, “pues la soberanía nacional y la política exterior están reservadas al orden federal”. 

“En consecuencia, cualquier actuación estatal que permita, tolere, facilite u omita impedir mecanismos de colaboración operativa irregular con agentes extranjeros implica una alteración de diseño constitucional de distribución de competencias y una afectación al paco federal” apunta la solicitud. 

“Cualquier actuación atribuible a autoridades locales que implique mecanismos de interlocución, colaboración táctica, intercambio operativo o participación conjunta con agentes extranjeros fuera de los cauces institucionales constituye una invasión competencial y vulneración al principio de supremacía constitucional”, añade.    

Los morenistas consideran que “bajo ese parámetro, la eventual permisividad, tolerancia u omisión respecto de actuaciones irregulares de estructuras estatales de seguridad y procuración de justicia resulta susceptible de actualizar responsabilidad política constitucionalmente relevante”. 

Además, retomaron declaraciones de la mandataria a diversos medios de comunicación en los que consideran que hay una “confesión pública de la cooperación de agentes extranjeros en materia de seguridad con el gobierno de Chihuahua, en flagrante violación a la soberanía nacional. 

“Así como el reconocimiento expreso de la comisión del delito de traición a la patria por frases de la gobernadora Campos, como “yo tengo conocimiento de que esos agentes norteamericanos existieron en Chihuahua, en Morelos cuando sucede el accidente y le estoy hablando del domingo por la tarde”, menciona el texto.

“De lo que sí sabía es que había un operativo, pero la información del accidente, la información de la forma en que murieron este nuestros agentes de la agencia de investigación, cuando cayó la camioneta en un barranco, lo fuimos sabiendo por a poco”, comentó Maru Campos en una de las entrevistas. 

Aunque en el documento también se consigna que al periodista Carlos Loret de Mola, la gobernadora expresó: “yo jamás gestioné, autoricé, mucho menos tuve conocimiento de estos agentes norteamericanos, que es de lo que se está acusando a una servidora para hacer este juicio político”. 

“Hay una responsabilidad política ineludible de la mandataria y afectación a los intereses públicos fundamentales de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Se resalta la “responsabilidad política de Maru Campos, falta de autonomía material de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, “y afectación a los intereses públicos fundamentales”. 

“La fiscalía no fue diseñada como un órgano constitucional autónomo pleno e independiente del Poder Ejecutivo del estado”. Indica la petición entregada este martes la solicitud de juicio político que será ratificada por los legisladores de Chihuahua este miércoles. 

Los morenistas consideran que “el modelo constitucional de Chihuahua evidencia una relación de coordinación, influencia política y responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y la fiscalía local, particularmente en materias vinculadas con seguridad pública y estrategia institucional. 

“Hay una transgresión grave a los principios constitucionales de procuración de justicia, cadena de custodia y protección a la salud pública”, asegura con la reiteración de que hay traición a la patria. 

La petición dice que “hubo una actuación omisa, negligente y carente de debida diligencia por parte de las autoridades responsables en la conducción, supervisión y resguardo de las investigaciones relacionadas con el desmantelamiento del narcolaboratorio denominado, El Pino, ubicado en el municipio de Morelos”. 

“Las contradicciones institucionales y la falta de control sobre los indicios asegurados, constituyen violaciones graves a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, objetividad, eficiencia y protección al interés público”, resalta. 

Los diputados de Morena por Chihuahua apuntaron que “lo anterior adquiere especial gravedad debido a que los hechos investigados no se relacionan únicamente con fallas administrativas o irregularidades operativas aisladas, sino con conductas vinculadas a la producción y procesamiento de narcóticos y sustancias ilícitas, actividades que representan una amenaza directa para la salud pública, la seguridad colectiva y el orden constitucional”.