El asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, presuntamente cometido por un estudiante de 15 años armado con un rifle AR-15, reabrió la discusión en México sobre la posibilidad de juzgar como adultos a menores involucrados en crímenes de extrema violencia.
El adolescente enfrenta cargos por feminicidio y posesión ilegal de armas, aunque por su edad la sanción máxima sería de tres años.
El caso generó indignación social y llevó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a plantear públicamente que el agresor podría ser procesado bajo criterios aplicables a adultos.
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La fiscalía estatal informó que en la entidad ya han sido judicializados decenas de menores por delitos graves.
Especialistas y defensores de derechos de la infancia consideran que estos hechos reflejan problemas más profundos relacionados con la exposición constante de niños y adolescentes a entornos violentos, discursos de odio y contenidos agresivos en redes sociales.
También señalan que muchas veces las familias, escuelas e instituciones no detectan a tiempo señales de aislamiento, radicalización o conductas de riesgo.
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