EFE.- El Ejército de Birmania (Myanmar) arrestó este lunes a un número indeterminado de políticos, entre ellos la jefa de facto del Gobierno, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, además de otros líderes civiles tras una semana de rumores sobre un posible golpe de Estado militar.
Myo Nyunt, portavoz del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezado por Suu Kyi, confirmó al diario The Irrawaddy la detención de la líder, además del presidente birmano, Win Myint, y otros miembros de la formación política.
“Este es un intento de golpe militar, aunque (el Ejército) pueden afirmar que no lo es”, indicó al medio local el portavoz al señalar que los militares han “obligado” al presidente a convocar una reunión urgente por seguridad nacional “para entregarles oficialmente el poder”.
Familiares de algunos de los arrestados, entre ellos prominentes miembros de la LND, informaron en las redes sociales de las detenciones, mientras las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas, aunque todavía funciona internet.
Los soldados también tomaron el control de la cadena de televisión pública MRTV, apuntó el medio en un mensaje de Facebook al que miles de usuarios respondieron con las etiquetas “salvar a Birmania” y “Necesitamos democracia“, entre otras.
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Efectivos castrenses también se apersonaron en una de las compañías de telecomunicación que opera en el país.
El poderoso Ejército de Birmania, que mediante una sucesión de juntas militares gobernó el país durante casi medio siglo, rechazó el sábado los rumores y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.
De esta forma, el Ejército sofocó temporalmente los rumores de golpe que se han ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Birmania, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.
El miércoles, el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, señaló en un discurso ante el personal castrense que se debería abolir la Constitución si esta no se cumple, lo que había sido interpretado como una amenaza velada en un país que estuvo sometido a una dictadura militar entre 1962 y 2011, cuando se inició la transición hacia la democracia.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.
La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.
El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se ha negado a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.
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Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una “democracia disciplinada”, cuentan con grandes poderes en el país, ya que ostentan el 25 por ciento de los escaños del Parlamento y los influyentes Ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.