EFE.- La tensión aumenta en Birmania con enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad e informaciones sobre una matanza de decenas de personas por la represión de las autoridades en la ciudad de Bago.
Un grupo de desconocidos montados en motocicleta lanzó este domingo un artefacto explosivo de fabricación casera contra una sucursal en la ciudad de Mandalay del banco Myawaddy, propiedad del Ejército, según el medio local The Irrawaddy.
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Al menos un guardia de seguridad fue alcanzado por la explosión. Este incidente contra la entidad controlada por los militares, que tomaron el poder del país mediante un golpe de Estado el 1 de febrero, se da un día después del asalto de un grupo de civiles contra un convoy militar en el noroeste del país.
Un grupo de residentes de la ciudad de Tamu, en la región de Sagaing y fronteriza con India, disparó con rifles de caza contra un convoy militar que alrededor del mediodía del sábado se dirigía hacia la entrada de la ciudad.
“Utilizaron tácticas de guerrilla (\u2026) No había un bastión en particular, sino una serie de refugios repartidos por el distrito”, indicó un testigo al portal de noticias Birmania Now.
Al menos tres militares y un civil perdieron la vida durante el enfrentamiento, según el medio, mientras que el grupo rebelde Ejército Nacional Kuki aumenta las posibles bajas a 18 efectivos de las autoridades y un civil, en un comunicado publicado en Facebook.
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Dos días después comienza a surgir más información sobre la magnitud de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra un grupo de manifestantes en la ciudad de Bago, a unos 70 kilómetros al noreste de Rangún.
Desde el amanecer del viernes las fuerzas de seguridad de Birmania utilizaron artefactos explosivos, similares a los que se utilizan en conflictos bélicos, y dispararon con armas de gran calibre contra los manifestantes, algunos de los cuales cuentan con rudimentarias armas.
Al menos 82 personas perdieron la vida durante la acometida de las autoridades, según las cifras corroboradas por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) que advierte que el número podría aumentar significativamente a medida que comprueben más datos.
Algunos de los residentes de la urbe, de unos 250 mil habitantes, han abandonado la población ante el temor de una nueva represión de los uniformados, que según medios locales han establecido controles a las salidas de la ciudad.