EFE.- La junta militar golpista busca dar la puntilla a la oposición política con la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el exitoso partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, mientras se intensifica el acoso judicial contra la premio Nobel de la Paz.
La Comisión Electoral, nombrada por la junta militar, anunció este viernes que disolverá a la LND por haber cometido "fraude electoral" durante los comicios del pasado noviembre, la justificación original usada por el Ejército para dar el golpe de Estado del 1 de febrero que destituyó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.
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El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Electoral, Thein Soe, durante una reunión en Naipyidó con un puñado de partidos políticos, según reveló uno de los asistentes al portal de noticias Myanmar Now.
La formación que gobernaba la Nobel desde 2015 volvió a arrasar en las últimas elecciones en Birmania y humilló al Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), vinculado a los militares, que consiguió 24 escaños frente a los 368 del partido de Suu Kyi.
Los medios oficialistas llevan semanas publicando a diario listas de las supuestas pruebas presentadas por la Comisión Electoral sobre la manipulación de más de 10 millones de votos cometidos por la LND en las pasadas elecciones.
Observadores internacionales
La Red Asiática para unas Elecciones Libres (ANFREL, en sus siglas en inglés), que participó en esos comicios como observadores internacionales, rechazó las alegaciones de fraude al presentar el pasado lunes su informe final sobre las elecciones birmanas.
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"No hemos encontrado pruebas de que los comicios fueran manipulados; por el contrario, creemos que los resultados son una amplia representación de la voluntad del pueblo birmano", señaló el observador Chung Lun.
Tras el golpe, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing se comprometió a organizar unos nuevos comicios tras un año en el poder, en los que no podría participar la formación gobernante hasta el golpe de Estado.
Durante el levantamiento militar, los militares cancelaron el Parlamento elegido en las urnas y detuvieron a parte del Gobierno, incluida a Suu Kyi, que desde entonces se encuentra en arresto domiciliario.
La que fuera Consejera de Estado y ministra de Exteriores se enfrenta a varios procesos judiciales en los que se le acusa de los más variopintos delitos como importación ilegal de dispositivos electrónicos o vulnerar las normas sobre la Covid-19.
Acoso judicial contra Suu Kyi
Como parte del acoso judicial contra Suu Kyi, el Tribunal Supremo de Birmania ha decido juzgar a la líder democrática por violar la Ley de Secretos Oficiales, lo que podría suponer una condena de hasta 14 años de cárcel.
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La máxima instancia del país asumirá este caso que hasta ahora trataba un tribunal del distrito de Rangún, la antigua capital, confirmó a Efe este viernes Khin Maung Zaw, uno de los abogados de la líder electa, que añadió que las autoridades judiciales no han explicado las razones de este cambio.
El Tribunal Supremo, con sede en la capital del país, Naipyidó, celebrará la primera vista del caso el próximo 3 de junio.
Junto a la líder birmana serán juzgados en el Supremo por el mismo delito su asesor económico, el australiano Sean Turnell, que fue detenido días después del golpe, y tres ministros del gobierno depuesto por los militares.
Suu Kyi, de 75 años, se enfrenta además en otro tribunal de Naipyidó a cinco cargos, incluidos la supuesta importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la Covid-19 y provocar la alarma e incitar a que se cometan ofensas contra el Estado y el orden público.
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El próximo 24 de mayo, está previsto que la líder depuesta, que hasta ahora no ha podido reunirse en persona con sus abogados, comparezca por primera vez de manera presencial en un tribunal de la capital.
Las acusaciones contra Suu Kyi, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar (1988-2011), han sido rechazadas con contundencia por sus letrados.
El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo se celebra mientras continúan las protestas y el movimiento de desobediencia civil contra la junta militar que están siendo reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que han matado a al menos a 810 personas y detenido a más de 5 mil.