EFE.- Unas 120 mil personas a lo largo de Birmania han sido desplazadas de sus hogares por los combates entre el ejército con diferentes guerrillas étnicas desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero, según datos de Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) apuntó en su última actualización la necesidad urgente de bienes de primera necesidad, como comida, ayuda, medicina y refugio para miles de personas atrapadas en áreas de conflicto.

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Los enfrentamientos que comenzaron en abril y continúan a día de hoy entre las fuerzas armadas y los rebeldes del ejercito Karenni junto a grupos de civiles armados, en el oriental estado Kayah, han obligado a alrededor de 46 mil personas a refugiarse en la selva y campos de desplazados internos.

El ejército ha enviado refuerzos esta semana a la región después de que el pasado domingo al menos 40 soldados murieran en el asalto de combatientes disidentes contra una comisaría y un convoy militar.

En el suroriental estado Karen, el ejército de Birmania se ha topado desde el golpe de Estado con una férrea oposición por parte del Ejercito de Liberación Nacional Karen y cuyos combates mantienen a 45 mil personas desplazadas, apuntan los datos recabados por ACNUR.

En el estado Chin, colindante con India, unas 9 mil personas han huido, la gran mayoría de la ciudad de Mindat, sobre la que los soldados dispararon a mediados de mes artillería pesada durante el asedio para derrotar a la guerrilla Fuerza para la Defensa Chin.

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Además 8 mil 500 personas permanecen desplazadas desde marzo por los combates en el estado Kachin (norte), mientras que otras 8 mil 400 se encuentran en campos de refugiados en el estado Shan (noroeste) a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército, apoyado por grupos locales, y fuerzas rebeldes.

También se registran desplazados, aunque en un menor número, en el sureño estado Mon y la región central de Bago.

Una mayor autonomía es la reivindicación principal de casi todas las minorías étnicas, incluidos chin, kachin, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, que juntas representan más del 30% de los 54 millones de habitantes del país. 

Muchas de estas guerrillas étnicas han expresado su rechazo al sublevamiento militar que derrocó al gobierno encabezado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi y terminó con la incipiente democracia en Birmania.

Enviada de la ONU dice que no se ha logrado culminar el golpe

La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, afirmó este viernes que el golpe de Estado militar en Birmania "no ha culminado con éxito" porque no ha desembocado en "una dictadura militar estable" por lo que insistió en que es el momento de un diálogo inclusivo de todos los actores implicados en el conflicto.  

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"El golpe empezó pero, desde mi punto de vista, no ha terminado y la situación no estará estabilizada mientras haya gente en la calle luchando por sus derechos y tengan el movimiento de desobediencia civil con gente que no va al trabajo y no se reabran muchas cosas", afirmó la diplomática en una rueda de prensa en Tokio, donde mantuvo una reunión con el ministro nipón de Exteriores, Toshimitsu Motegi.  

"Entonces el golpe no ha terminado con éxito, no hay una dictadura militar estable", recalcó. 

La diplomática, que ha pasado dos meses en Bangkok para mantener contactos con autoridades de la región y a la espera de poder visitar Birmania, insistió en que ante la situación de incertidumbre del país es necesario un diálogo de todas las partes implicadas para encontrar una solución pacífica.  

"El diálogo no significa que nos rindamos o que legitimemos a la junta. Tenemos que buscar una salida", dijo la diplomática, que abogó por un diálogo multilateral en el que participe la comunidad internacional, aunque evitó dar detalles.  

Al menos 831 personas han muerto tras el golpe a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. 

El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.