EFE.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones económicas contra dos empresas y varios ciudadanos birmanos, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo del país, un año después del golpe militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
La medida, que ha sido tomada de manera coordinada con los Ejecutivos de Canadá y el Reino Unido, trata de apoyar “al pueblo birmano en su búsqueda de libertad y democracia”.
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“Vamos a continuar persiguiendo a los responsables del golpe y la violencia en marcha; a quienes han facilitado la brutal represión del régimen, y sus apoyos financieros”, señaló Brian Nelson, subsecretario de Inteligencia Financiera y Terrorismo del Tesoro, en un comunicado.
Entre los sancionados figuran el presidente del Tribunal Supremo, Tun Tun Oo; y Tin Oo, presidente de la Comisión Anticorrupción del país.
Por su parte, también han sido designadas la empresa KT Services & Logistics Company Limited (KTS) y el Directorio de Suministro de Servicios de Defensa birmano.
Como consecuencia, quedan congelados los activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos y se prohíben transacciones financieras con entidades estadounidenses.
La nota del Tesoro remarcó que en el último año el régimen militar de Birmania ha tratado de “consolidar el poder a través de la expansión del miedo” entre el movimiento prodemocracia; y el asesinato de opositores y manifestantes pacíficos.
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Un año después del golpe militar en Birmania (Myanmar), el país se encuentra sumido en una profunda crisis con un aumento de la pobreza, la salida incesante de empresas y un régimen aislado en medio del boicot y las sanciones económicas.
La Covid-19 también ha contribuido al empeoramiento de la economía, que cayó un 18 por ciento en el año fiscal hasta el pasado septiembre, mientras que se ha intensificado el conflicto armado y la crisis humanitaria desde el golpe liderado por el general Min Aung Hlaing el primero de febrero de 2021.
Según Naciones Unidas, la pobreza puede duplicarse este año hasta los 25 millones de personas, casi la mitad de la población, debido a la pandemia y el golpe militar, mientras que 320 mil 900 civiles han tenido que abandonar sus hogares en el último año, que se suman a 340 mil desplazados internos antes del levantamiento militar.