Reuters.- El Congreso peruano aprobó iniciar un proceso de juicio político contra Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca, por segunda vez en menos de cuatro meses, la destitución del mandatario izquierdista en medio de acusaciones de corrupción y baja popularidad.
Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, este lunes el Congreso admitió la apertura del proceso y la jefa del parlamento, María del Carmen Alva, convocó al presidente para que acuda el 28 de marzo y responda las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones.
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“Pero me apena también que paralelamente a eso se siga las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar (…) la moción de la vacancia, pero por eso tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana”, respondió Castillo en un discurso público.
Para expulsar a Castillo del cargo, que asumió la presidencia a fines de julio, el parlamento debe de reunir al menos 87 votos de los 130 legisladores, un escenario poco probable por las divisiones en la oposición.
El Congreso otorgó la semana pasada su voto de confianza a un cuarto gabinete de ministros de Castillo.
Castillo puede acudir al Congreso junto a su abogado o enviar solo a su defensor para responder las acusaciones.
Medios peruanos difundieron a fines de febrero declaraciones de la empresaria Karelim López ante la fiscalía, que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, en las que vincula a Castillo con supuestos actos irregulares.
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López, también sujeto de las pesquisas, busca acogerse a un proceso de colaboración con la justicia a cambio de beneficios.
Castillo “debe dar explicaciones inmediatas al país por sus reiteradas inconductas”, dijo el legislador Jorge Montoya, un marino retirado del partido de derecha Renovación Popular, al sustentar la moción de “vacancia” del presidente.
El intento de echar a Castillo es promovido principalmente por tres partidos de derecha, entre ellos el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori que perdió las elecciones del año pasado. La oposición alega que Castillo, que niega las acusaciones, tiene “incapacidad moral” para gobernar.