Reuters.- La presidenta de la Corte Penal Internacional afirmó el lunes que las amenazas a las que se enfrenta la institución, incluidas las posibles sanciones estadounidenses y las órdenes de detención rusas contra miembros de su personal, "ponen en peligro su propia existencia".
En su intervención en la conferencia anual de los 124 miembros del tribunal, la presidenta, la jueza Tomoko Akane, no nombró a Rusia ni a Estados Unidos, pero se refirió a ellos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia emitió una orden de detención contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dos meses después de que el tribunal de La Haya emitiera una orden de aprehensión contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en junio un proyecto de ley para sancionar a la Corte en respuesta a la petición de Khan de una orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su exjefe de Defensa, Yoav Gallant.
"La Corte ha sido objeto de ataques que pretenden socavar su legitimidad y su capacidad para administrar justicia y hacer realidad el derecho internacional y los derechos fundamentales; medidas coercitivas, amenazas, presiones y actos de sabotaje", afirmó Akane, quien añadió que se habían emitido más órdenes de detención contra empleados del tribunal.
La CPI también "está siendo amenazada con sanciones económicas draconianas por parte de instituciones de otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, como si se tratara de una organización terrorista. Estas medidas socavarían rápidamente el funcionamiento de la Corte en todas las situaciones y casos y pondrían en peligro su propia existencia", afirmó.
Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte, la principal potencia militar y financiera del mundo podría socavar la CPI diplomática y políticamente y con sanciones financieras dirigidas a su personal.
Dijo que el tribunal rechaza firmemente cualquier "intento de influir en (su) independencia e imparcialidad. Rechazamos resueltamente los intentos de politizar nuestra función. Hemos cumplido y cumpliremos siempre la ley, en cualquier circunstancia".
La Corte se creó en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión cuando los Estados miembros no quieran o no puedan hacerlo por sí mismos.
Puede enjuiciar crímenes cometidos por ciudadanos de Estados miembros o en el territorio de Estados miembros por otros actores. Su presupuesto para 2024 es de unos 187 millones de euros (197 millones de dólares).