EFE.– El fiscal del Tribunal Supremo de España defendió que no hay indicios para imputar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, ahora eurodiputado y prófugo de la justicia española, según un escrito publicado este lunes.
La decisión del fiscal se produce mientras el Parlamento español tramita una ley de amnistía a independentistas catalanes, a la que la pasada semana votó en contra el partido de Puigdemont por no incluir delitos de terrorismo, aspecto que se convirtió en tema clave para la aprobación de la norma.
La investigación contempla los actos violentos en 2019, como la toma del aeropuerto internacional de Barcelona durante las protestas contra la condena a prisión de líderes independentistas juzgados por la declaración unilateral de independencia de la región española de Cataluña en 2017, que luego fueron indultados por el gobierno español.
En su escrito, el fiscal concluye que para que esos hechos sean calificados de terrorismo debe producirse un delito grave contra la libertad, lo que entiende que no ocurrió, por lo que solicita continuar la instrucción del caso.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se mostró este lunes convencido de que se aprobará la ley de amnistía y negociará para ello con Junts (el partido de Puigdemont).
Aunque no prevé cambiar el texto rechazado, el Congreso no descarta una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner un límite al tiempo de instrucción judicial, dijo Sánchez en una entrevista en el canal español de televisión La Sexta.
El jefe del Ejecutivo aseguró que no se ampliará la amnistía a todos los delitos de terrorismo como pide la formación de Puigdemont, pero se refirió a “instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión”.
Revisa: Astronauta ruso bate el récord mundial de permanencia en el espacio: lleva 879 días en órbita
La amnistía a independentistas como Puigdemont, quien presidía el gobierno regional cuando se produjo la declaración unilateral de independencia, es fuertemente cuestionada desde distintos sectores, como la oposición, que la considera inconstitucional y convoca a movilizaciones en las calles.