EFE.- La decisión que pueda anunciar este lunes el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.
La semana pasada, Sánchez anunció que analizará si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia presentada contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta corrupción.
Te recomendamos: Pedro Sánchez analiza su permanencia como presidente de España tras una denuncia por corrupción contra su esposa
La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente renuncie al cargo; el artículo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión, fallecimiento de jefe del Ejecutivo y de una pérdida de confianza parlamentaria.
En este caso, la dimisión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuaran en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
Ello significa que durante ese periodo, el gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.
La renuncia llevaría a un nuevo nombramiento desde el Congreso
Como ocurre después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez; el proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.
Lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista (PSOE) es designar un candidato a la investidura, si es que antes no lo ha propuesto el propio Sánchez en su mensaje de renuncia.
Por una cuestión de mera jerarquía en el gabinete, lo natural es que entre esos sucesores se encontraran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
No te pierdas: Miles se concentran ante la sede del PSOE en Madrid para pedir al presidente español Pedro Sánchez que no renuncie
No obstante, no es necesario que el relevo de Sánchez sea miembro del gobierno, ni siquiera diputado, ni tampoco militante del PSOE.
Una vez despejada esa incógnita, el rey Felipe VI haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en el Congreso de menor a mayor y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato.
En esta hipótesis, el candidato designado por el monarca para suceder a Sánchez se sometería al debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados de 350) en primera votación.
Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey podrían optar a la presidencia.
Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disolverían de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.
Sánchez podría esperar hasta finales de mayo para convocar a elecciones
Por ahora no se pueden llevar a cabo elecciones. En el caso de que Pedro Sánchez decida continuar en el cargo, debería esperar hasta finales de mayo para convocar una nueva cita con las urnas.
La ley establece que las elecciones anticipadas no pueden convocarse hasta pasado un año de la anterior disolución de las Cortes, que se hizo efectiva con su publicación en el Boletín oficial del Estado el 30 de mayo del 2023.
Para convocarlas, el presidente del gobierno no puede estar en funciones, así que, o Sánchez permanece en el cargo, o debería ser su sucesor o sucesora el que las convoque, pero no antes de ese plazo.
Pedro Sánchez también podría mantenerse en el cargo
Otra posibilidad es que el presidente decida mantenerse en el cargo, pero presente una cuestión de confianza, figura incluida en la Constitución.
La cuestión de confianza es una reválida de la investidura a la que se somete voluntariamente el propio presidente del gobierno en momentos de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual pide expresamente el respaldo a su continuidad.
Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.