EFE.- Las autoridades iraníes no han llevado a cabo investigaciones “eficaces, imparciales e independientes” sobre las "graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante y después de las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad de 2022, denunció este martes Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), en el tercer aniversario de aquellas movilizaciones.
“Las víctimas y sus familias no tienen perspectivas de justicia, porque quienes deberían garantizarla están implicados en las violaciones y protegen a los responsables”, afirmó Bahar Saba, investigadora de HRW sobre Irán.
Saba instó a los países que aplican la jurisdicción universal a abrir investigaciones sobre los casos.
La jurisdicción universal es un principio del derecho internacional que permite a los tribunales de un país investigar y juzgar crímenes graves, como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, aunque se hayan cometido fuera de su territorio y por personas extranjeras.
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La organización recordó que la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó en marzo de 2024 que la represión de las protestas dejó al menos 500 muertos y más de 22 mil detenidos, además de torturas y violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Una docena de personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones, y varios activistas se enfrentan a penas de muerte, entre ellos la sindicalista Sharifeh Mohammadi y la trabajadora social Pakhshan Azizi, cuya ejecución podría ser inminente, según Amnistía Internacional, tras ser condenada por prestar ayuda humanitaria a refugiados.
En los últimos meses, las autoridades iraníes ejecutaron a dos hombres vinculados a las movilizaciones: Mojahed Kourkouri, el 11 de junio, y Mehran Bahramian, el 6 de septiembre, este último tras sufrir torturas para arrancarle confesiones, denunció la ONG Iran Human Rights.
Pese a las reiteradas demandas internas e internacionales de rendición de cuentas, el gobierno iraní “ha elogiado a las fuerzas de seguridad por reprimir las manifestaciones, ha vilipendiado a los manifestantes, ha desestimado las denuncias de las víctimas y ha perseguido a sus familias”, señaló HRW.
La ONG también denunció la intensificación de la imposición del velo islámico obligatorio, cuya aplicación derivó en la muerte bajo custodia de Mahsa Jina Amini, de 22 años, el 16 de septiembre de 2022, tras ser detenida por la llamada “policía de la moral”.
Su fallecimiento desencadenó el movimiento Mujer, Vida, Libertad, al que Teherán respondió con "detenciones arbitrarias, juicios injustos, castigos severos, privación de servicios básicos y el uso de tecnologías de vigilancia" contra las mujeres que se oponen a cubrirse el cabello, según HRW.
Pese al alto coste humano y la intensificación de la represión, la ONG subrayó que el movimiento “sigue vivo en gestos de desobediencia civil, como la negativa de muchas iraníes a cubrirse con el velo en las calles de Teherán”.