Por Tania Rosas
La desaparición de fondos y fideicomisos de ciencia y tecnología afectará la formación de casi 85 mil estudiantes de posgrado, incluidas especialidades médicas y becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el desarrollo profesional de 35 mil académicos e investigadores, así como el desempeño institucional de 33 centros públicos de investigación, 13 institutos nacionales de salud y cerca de 200 universidades e instituciones de educación superior, alertó la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Marivel Solís.
Este martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados analizará y votará el dictamen que elimina 54 fondos y fideicomisos, propuesta impulsada por el grupo parlamentario de Morena. De aprobarse pasaría al Pleno de la Cámara para su votación.
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Sin embargo, hay diferencias entre los mismos morenistas. Marivel Solís pertenece a ese grupo parlamentario, pero ante la presión de la comunidad científica y académica envió una carta al presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, para pedirle que no se vote el dictamen en sus términos, de lo contrario habrá "un colapso del quehacer científico y el desarrollo tecnológico emanado de 4 mil 287 proyectos aprobados y amparados en convenios vigentes multianuales".
Explicó que incluso se corre el riesgo de que haya conflicto y caos político con las universidades, instituciones de educación superior y los organismos de ciencia, tecnología e innovación de las entidades federativas, además de "incontables demandas judiciales" de los sujetos de apoyo, organismos y los gobiernos de los estados.
La carta, de la que Latinus tiene copia, está fechada el 25 de septiembre y, en ella, Solís Barrera pidió que los puntos sobre ciencia y tecnología se retiren del dictamen al tratarse de propuestas inviables. De no ser posible, expuso, es pertinente que se hagan modificaciones para que el Conacyt mantenga un único fondo, el FORDECYT-PRONACES, para dar continuidad a los compromisos y obligaciones asumidas por los fondos en extinción.
A la Cámara de Diputados también llegaron cartas de la comunidad científica en las que pidieron suspender la votación del dictamen y reconsiderar la extinción de fideicomisos y fondos.
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La Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología recalcó que los fondos y fideicomisos cuentan con mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, incluso son auditables.
"Están constituidos en su mayoría de recursos autogenerados que provienen de organismos privados, internacionales y multinacionales para fondear proyectos de investigación. Si se suprimen los fideicomisos ahora, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicas de este origen para investigaciones futuras en nuestros centros", acotó.
En otra misiva, David René Romero Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C., destacó que la extinción "generará importantes problemas legales, dado que todas las reglas de operación estipulan que, en caso de extinción de un fideicomiso, los recursos se revertirán a la entidad generadora, no a la Tesorería de la Federación".
Miguel Rubio Godoy, director general del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), en representación de 26 Centros Públicos de Investigación, alertó de "un efecto nocivo en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, formación de recursos humanos, mantenimiento y adquisición de equipo científico y la creación de infraestructura científica, lo que conllevaría a un importante retroceso a la investigación científico-tecnológica en beneficio del país".
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Añadió que la reforma dificultaría que los Centros Públicos de Investigación den cabal cumplimiento del artículo 3º de la Constitución, recientemente reformado.
El Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias precisó que los fideicomisos de ciencia y cultura "se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros, por lo que no reciben transferencias del Presupuesto de Egresos de la Federación. No le cuestan al erario, sino que lo complementan".
La Academia de Ciencias de Morelos A.C. expuso: "Para los más de dos mil investigadores del estado de Morelos la situación es particularmente crítica después de dos años de nula inversión estatal en el tema y un vacío institucional que ha sido imposible llenar a pesar de numerosos llamados a las autoridades".
El proyecto de dictamen plantea reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para eliminar 34 fondos y fideicomisos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Los centros públicos de investigación tendrán presupuesto federal etiquetado y recursos autogenerados obtenidos a través de la enajenación de bienes o la prestación de servicios.