Por: Tania Rosas
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sólo pudo aprobar en lo general el paquete de reformas que desaparece 109 fondos y fideicomisos en materia de ciencia y tecnología, derechos humanos, cambio climático, cine, energía y campo, entre otros. La votación de los artículos reservados no pudieron discutirse ni votarse porque el PAN, PRI, MC, PRD y un legislador sin partido abandonaron la sesión al acusar a Morena de desaseo legislativo.
La discusión del tema duró casi 4 horas y media y sólo se aprobó el dictamen en lo general con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Se prevé que el jueves o a más tardar el martes de la próxima semana se vote en el pleno de San Lázaro y, de aprobarse, se turne al Senado.
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El dictamen fue modificado de último momento. Llegaron al punto en el que los legisladores no tuvieron claridad sobre cuáles eran los instrumentos financieros que extinguirían, ni cuántos recursos representaban. Algunos diputados recibieron el dictamen modificado cinco minutos antes de que se discutiera.
Apenas el lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Mario Delgado, hablaba de 55 fideicomisos y fondos que desaparecerían, los que tenían ahorros por 150 mil millones pesos. Pero un día después y minutos antes de que iniciara la sesión de la Comisión, anunció el cambio: subió a 109 el número de fondos y fideicomisos a extinguir, pero bajaron los recursos que representan esos instrumentos financieros (68 mil 478 millones de pesos).
Los recursos bajaron porque el dictamen final quitó de la lista el Fondo de Salud para el Bienestar. Si bien este instrumento legal no desaparece, la mayoría de Morena pretende añadir un artículo transitorio para que la Secretaría de Hacienda determine el dinero que tomará de ahí para gastos contra el coronavirus.
Este artículo fue el que causó la desesperación, confusión y enojo de la oposición a Morena. Lo propuso el diputado César Hernández, quien fue asesorado varias veces para contestar de qué se trataba su reserva. Sonia Rocha (PAN), Fabiola Loya (MC) y Fernando Galindo (PRI) cuestionaron al morenista por qué meterse con un fondo que no desaparecerá y que al menos tiene 30 mil millones de pesos.
Aún no quedaba clara la propuesta de Hernández, cuando el presidente de la Comisión, el morenista Erasmo González, anunció cuatro reservas importantes, una de ellas sobre los recursos que se destinarán a la vacuna contra Covid-19.
La oposición y el diputado sin partido, Carlos Morales, acusaron cambios de último minuto, ocurrencias, albazos, burlas, desaseo legislativo y anunciaron que abandonarían el recinto. Después de un receso y al no alcanzar el quórum, el presidente de la Comisión declaró que 10 artículos reservados y la adición de un artículo transitorio se irían directamente a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.
En la discusión en lo general, Morena se dividió. Rocío Barrera y Lidia García votaron en contra, mientras que Imelda Pérez se abstuvo.
"Quiero hacer patente mi extrañamiento, pues me parece intelectualmente deshonesto pretender que no existió la versión previa de este dictamen que reconocía la necesidad de preservar el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas", dijo Barrera, quien aseguró que la desaparición de este fondo costará vidas.
"En congruencia de donde provengo, que es de la educación, no puedo, ni deseo aprobar esta iniciativa porque sería una traición y sería mentirle a los ciudadanos. Esto es en congruencia con los principios del movimiento al que pertenezco, de no mentir, no robar y no traicionar", expresó Lidia García, quien recalcó que la desaparición de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología afectará a 85 mil estudiantes y 35 mil académicos.
Quienes votaron en contra destacaron que habrá vidas en riesgo, sobre todo de defensores de los derechos humanos; que se atenta contra el progreso científico del país, que el gobierno se apropiará de algunos recursos privados y que se terminarán los "guardaditos".
Quienes votaron a favor en lo general argumentaron que los fondos y fideicomisos son opacos, fomentan la corrupción y que no desaparecen los apoyos, sólo se administrarán de manera diferente y con mayor transparencia.
