Reuters.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) criticó la decisión del gobierno de divulgar parte de las conversaciones entre presuntos delincuentes y autoridades implicadas en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El documento, que forma parte de las indagatorias de los hechos, revela que los jóvenes habrían sido separados en grupos poco después de su desaparición, en la ciudad Iguala, Guerrero, al mencionar sus captores que 17 de ellos fueron llevados a lo que identifican como una “cueva”.
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“Es riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representa a los familiares del caso Ayotzinapa, donde se encuentra la escuela de los estudiantes.
Las conversaciones, a través de mensajes de texto, también muestran que uno de los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos pidió a la policía de Iguala que le fueran entregados los jóvenes tras ser informado de su captura, reforzando la teoría de que en su desaparición participaron funcionarios corruptos.
“Según son ayotzinapos, pero andan encapuchados y armados. Ya tenemos varios detenidos”, notifica en el diálogo uno de los interlocutores al líder criminal, de acuerdo con la transcripción divulgada por la Secretaría de Gobernación, a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Inicialmente se había dicho que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero, pero indagatorias posteriores pusieron al descubierto serias fallas en la labor de la fiscalía, echando por tierra esa versión.
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Hasta la fecha, solo han sido localizados los restos de tres de los jóvenes.
Nada se sabe del paradero del resto ni las causas de su desaparición, que cimbró a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en un caso que además está manchado por múltiples denuncias de tortura y sospechas de la participación de militares.