El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa, al considerar que la decisión se tomó porque "los fifís no pueden ir a la cárcel". 

Ante la afirmación de Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema Corte, asegurando que las características personales de este tipo de delincuentes y el propio delito no justifican la prisión preventiva, el presidente afirmó que esto era porque se trata de "delincuentes de cuello blanco".

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"No pueden ir a la cárcel los fifís, entonces", aseguró.

Sin embargo, el mandatario federal indicó que respeta la decisión de la Corte, ya que en México existe la división e independencia en los poderes. 

"Nosotros vamos a respetar la decisión de la Suprema Corte porque queremos estar en un auténtico estado de derecho".

"Antes el poder de los poderes era el ejecutivo, esa es una primera lección para los que no creen en la transformación, yo creo que es muy claro el que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera, es parte de la transformación", dijo el presidente López Obrador.

López Obrador aseguró que todavía falta lograr que en otros poderes, como en el judicial y en la SCJN, de castigue por igual a todos los que cometen un delito. 

"Y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos, eso refleja, el que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías", lamentó.

Ayer, el pleno de la Sala Superior de la Superior de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por los delitos de defraudación fiscal, de contrabando, y de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, señalada en la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que atenta contra los derechos humanos.

Los ministros resolvieron así el recurso de inconstitucionalidad promovido por diversos senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019.

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El recurso de inconstitucionalidad consideraba que la inclusión de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa, para los que se preveía la prisión preventiva oficiosa, tenía repercusiones en el derecho a la libertad personal.