El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022), el cual contempla un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.
De acuerdo con el organismo autónomo, el recorte hecho por el Poder Legislativo "careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal". Además, señaló el INE, impide el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, como el posible proceso de revocación de mandato que, en caso de ser aceptado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados a la Cámara de Diputados.
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Agregaron que en la elaboración de su presupuesto para 2022, se incluyó un monto como precaución, tanto para realizar la eventual revocación de mandato como para una nueva consulta popular. Esto siguiendo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que determinó que el INE tenía la "obligación de prever" los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, dijo el instituto.
“Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede por mucho la solicitud, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a los que está obligado”, comunicó el INE.
El instituto reiteró que “para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios de legalidad y certeza”.
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