Por Tania Rosas
Como lo ha buscado con otros mecanismos y organismos independientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reducir al mínimo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para que opere con menos gastos, contrataciones y bienes.
De acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del cual Latinus tiene una copia, López Obrador busca extinguir la Secretaría Ejecutiva del SNA, organismo que este año tiene etiquetados 123 millones de pesos. Esta cifra equivale al 15% del presupuesto 2022 destinado a la Oficina de la Presidencia de la República.
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El proyecto plantea también la desaparición de 16 órganos desconcentrados y descentralizados al considerar que su "existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico nacional o del interés público".
En el documento se propone que las atribuciones de los 16 órganos administrativos extintos pasen a otras instituciones. Por ejemplo, los órganos administrativos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población serán transferidos al INEGI; los de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados al Instituto Nacional de Migración; los de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pasarán al DIF, mientras que los del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se trasladarán a la Secretaría de Bienestar.
Además, los órganos administrativos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo serán transferidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, "incluidos aquellos derivados de las aportaciones cambistas y en especie de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, así como las aportaciones financieras y en especie de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios".
La reingeniería, establece el documento, es para garantizar que la Administración Pública Federal "tenga los instrumentos y herramientas necesarias para cumplir con los objetivos propuestos por la Cuarta Transformación de México, pues la aplicación de medidas de austeridad reflejará un menor gasto de costos operativos, la adquisición y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios".
La propuesta es desaparecer la Secretaría Ejecutiva, pero que prevalezca una Comisión Ejecutiva y un secretario técnico que apoyen las funciones del Comité Coordinador del SNA, este último integrado por instituciones públicas encargadas de prevenir, identificar, combatir y sancionar actos de corrupción.
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"Con la presente iniciativa se propone reconfigurar y simplificar la conformación del SNA a través de la extinción de su Secretaría Ejecutiva y de establecer el ejercicio directo de las atribuciones de apoyo técnico al Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, a fin de que éste cuente con las herramientas y mecanismos suficientes para realizar con responsabilidad y diligencia el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación de los sistemas locales anticorrupción", indica el proyecto que diversos integrantes del SNA y de la sociedad civil analizan.
El documento dice que la propuesta no elimina ni menoscaba los mecanismos para garantizar el combate a la corrupción, sino que fortalece la relación "entre el gobierno y la ciudadanía que por tantos años se ha deteriorado".
Sin embargo, es la ciudadanía, a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, la primera instancia que ha criticado el contenido de la iniciativa. Por ejemplo, Francisco Ciscomani, presidente del CPC ha manifestado su preocupación por el futuro del mecanismo y el combate a la corrupción en el país.