El juez Segundo de Distrito en el estado de Campeche rechazó este lunes conocer del amparo promovido por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para impedir que la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, publique audios o manifestaciones en su contra en sus redes sociales.
En su decisión sobre el amparo que consta en el expediente con número 728/2022, el juez federal ordenó devolver los autos del juicio de amparo al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que el pasado 14 de junio resolvió remitir el asunto al juzgado en Campeche.
"No se acepta la competencia planteada, con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo anterior al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes y previo cuadernillo de antecedentes que se forme, devuélvanse los autos del juicio de amparo", se lee en el fallo del juez Segundo de Distrito en Campeche.
Según información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el pasado 9 de junio, Alejandro Moreno promovió un amparo indirecto contra las declaraciones, manifestaciones y comentarios, publicados y difundidos en las redes sociales oficiales de Sansores.
La demanda de amparo fue radicada en Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 938/2022
Este 14 de junio, dicho juzgado notificó que se declaró incompetente por "carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo" promovida por Alejandro Moreno.
Te puede interesar: Alejandro Moreno califica como "show mediático" inspección de la Fiscalía de Campeche en una de sus propiedades
Por lo cual, ordenó remitir la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Campeche
Desde hace varias semanas, Layda Sansores comenzó a publicar audios de supuestas conversaciones privadas de Alejandro Moreno, para demostrar posibles actos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento ilegal del PRI.