El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda controversia constitucional en contra del segundo paquete de reformas del plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La demanda de hoy, indicó el Instituto, busca que se otorgue una suspensión contra del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
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El INE indicó en su documento que se debe otorgar la suspensión, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, y se interrumpa la aplicación de la reforma y sus efectos “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”.
“Mediante la controversia constitucional, el Instituto defiende no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la norma suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”, dice el comunicado.
El recurso interpuesto este jueves se suma a la controversia presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra del paquete uno del plan B electoral, en el que se reforman la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
El INE argumentó en la controversia presentada hoy la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues afirma que “dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
Denuncia la vulneración a “la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”.
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En la controversia también se denuncia la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación de los derechos laborales del personal del INE.
“En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral“, dice el texto.
En su cuenta de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que “es la hora de los tribunales. Confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado”.