Por Montserrat Peralta
El Ejército vigiló las movilizaciones que se realizaron en recuerdo de los estudiantes Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, asesinados por militares en marzo de 2010 dentro del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
De acuerdo con un documento que se encuentra entre los miles de correos electrónicos hackeados por el grupo Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó en 2017 los detalles de las actividades que familiares y amigos de los jóvenes asesinados realizaron en los aniversarios luctuosos en los años 2014, 2015 y 2016.
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El reporte militar indica que durante cada uno de esos años se reunieron alrededor de 100 personas encabezadas por Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, con el objetivo de exigir un juicio en contra de los militares responsables de la muerte de los estudiantes.
"A la fecha, no se ha comprobado responsabilidad para ningún miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que nadie ha sido llevado a juicio por citado incidente", dice el informe militar, al tiempo que describe una actitud pacífica por parte de los manifestantes.
En el análisis se incluyen los perfiles de David Noel Ramírez Padilla, entonces rector del Tec de Monterrey, a quien no se vincula con ningún grupo delincuencial, y de la defensora de los derechos humanos Consuelo Morales Elizondo.
Los militares dicen no haber encontrado evidencia de grupos porriles o de tendencias radicales en el Tec de Monterrey, ni que se hayan llevado a cabo manifestaciones contra las reformas estructurales del gobierno federal o a favor de los desaparecidos de Ayotzinapa; además la identifican como una organización estudiantil autónoma y apartidista.
El pasado 19 de marzo se cumplieron 13 años del doble homicidio a manos de elementos del Ejército mexicano. En las primeras versiones oficiales, se criminalizó a los jóvenes al señalar que pertenecían a la delincuencia organizada, sin embargo, ambos eran estudiantes de excelencia.
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Dos años sin justicia
En 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública por el homicidio de los jóvenes. A la fecha los soldados detenidos no han recibido sentencia.
"Tristemente son tres sexenios diferentes y en ninguno se ha llegado a la justicia entonces aquí no sabemos ni qué pensar, o sea como que tienen fuerza los militares para alargar esta situación", señaló en entrevista Rosa Mercado Alonso, madre de Jorge Mercado, uno de los jóvenes asesinados en el Tec de Monterrey.
Rosa Mercado Alonso explicó que el proceso penal que se lleva a cabo en contra de seis elementos de la Sedena sólo es por el delito de homicidio, sin embargo, no se tomaron en cuenta la comisión de otras conductas como abuso de autoridad, exceso de la fuerza, alteración de los hechos y robo de identidad.
Merle Iliná, integrante del colectivo “Todos somos Jorge y Javier“, compartió que cada 19 de marzo, y en coyunturas como la de la discusión sobre la ley de la Guardia Nacional, el colectivo busca crear influencia con actos conmemorativos para recordar y alzar la voz.
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La activista recordó que van siete años desde que el caso de Jorge y Javier se presentó ante un juez y que ha habido muchas trabas, pero que se espera que en 2023 el caso pueda tener una sentencia.