EFE.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el río Grande, frontera con México, con el objetivo de frenar el paso de los migrantes.
La fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, un plazo que concluyó hoy para que retirara las boyas por los riesgos humanitarios para los migrantes que supone dicha barrera, así como los ambientales.
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“Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de suscitar riesgos humanitarios. También ha provocado la protesta diplomática de México, poniendo en riesgo la política exterior de Estados Unidos“, dijo en un comunicado Vanita Gupta, fiscal general adjunta.
La demanda civil presentada exige la retirada de las boyas al considerar que Texas vulnera la ley de ríos y puertos de 1899 por haberlas instalado sin autorización del gobierno del demócrata Joe Biden.
Esta demanda viene tras la misiva dirigida al presidente por parte de Abbott, donde decía que Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para lidiar con la crisis que ha causado.
Abbott tenía hasta hoy para responder al Departamento de Justicia, pero desde el mismo viernes anticipó que seguiría con su plan, el cual ya ha sido frenado por las autoridades estadounidenses.
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La administración de Biden reivindica además que los cruces fronterizos han caído a sus niveles más bajos de los últimos dos años desde que en mayo comenzó a aplicarse la nueva política de restricciones en la frontera, que sustituyó al llamado Título 42, la norma sanitaria que permitía expulsar a migrantes por la pandemia de Covid-19.
El Departamento de Justicia considera que las boyas aumentan los riesgos para las personas, pueden interferir con la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus funciones, y presentan serios riesgos para la seguridad pública y el medioambiente.
Las boyas hacen parte de su más reciente esfuerzo migratorio y han provocado el rechazo de grupos promigrantes y ambientalistas, como también del gobierno de México, que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el Tratado de Aguas.