EFE.- Los vecinos de Ámsterdam han llevado este lunes al ayuntamiento de la ciudad a los tribunales con una demanda por permitir que, de forma sistemática, se supere el límite de 20 millones de pernoctaciones turísticas anuales.

Esta iniciativa ciudadana llega después de años de denuncias de que el turismo masivo está transformando la ciudad en un "parque temático" y expulsando a sus residentes y promesas incumplidas por parte de las autoridades de solucionar la situación.

La agrupación Ámsterdam tiene una elección presentó la demanda contra el Consistorio, respaldada por 50 mil euros recaudados entre los vecinos y por 12 asociaciones locales que comparten la misma preocupación: que la capital neerlandesa pierde a marchas forzadas su carácter original bajo la presión de millones de visitantes.

"Todo empezó en 2020, durante la pandemia, cuando lanzamos una petición para limitar las pernoctaciones turísticas. En pocos días reunimos 30 mil firmas, suficiente para un referéndum. El municipio no quiso hacerlo, así que negociamos y en 2021 se aprobó una ordenanza que fijaba un máximo de 20 millones de pernoctaciones al año", explicó a EFE Jasper van Dijk, uno de los impulsores de la iniciativa.

Sin embargo, la ordenanza no se cumplió, en 2023 se registraron 22.9 millones de noches de hotel. La norma también obligaba al ayuntamiento de Ámsterdam a hacer previsiones y tomar medidas en caso de superar el umbral, mismas que tampoco se cumplieron, señalan los vecinos.

"Las proyecciones dicen que aumentará a entre 24 y hasta 28 millones para 2027, y le decimos al municipio: no has hecho lo suficiente; dijiste que ibas a actuar, y no lo hiciste", recalcó van Dijk.

Molestias por el turismo masivo

El malestar de los residentes no es nuevo. En distintos barrios, especialmente en el centro histórico y en la zona de De Wallen (Barrio Rojo), las tiendas tradicionales han dado paso a comercios de souvenirs, mientras que los apartamentos y hasta los edificios públicos se han reconvertido en hoteles y alojamientos turísticos.

En las aceras, las largas colas frente a las atracciones no sólo impiden caminar al resto de turistas, también, y sobre todo, a los vecinos de la ciudad, que llevan años denunciando dificultades para realizar tareas del día a día ante las masas.

Lo que está en juego, según los vecinos, no es solo la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, sino la identidad misma de Ámsterdam, cada vez más eclipsada por el ruido de maletas de ruedas, excursiones en grupo y pisos turísticos multiplicados gracias a plataformas como Airbnb.

"Ámsterdam no rechaza el turismo, pero tiene que haber equilibrio. Si uno de cada cinco vecinos evita el centro histórico más bello del mundo porque ya no lo siente suyo, entonces algo va muy mal", concluyó Van Dijk.

Impuesto al turismo

El Ayuntamiento, bajo presión, introdujo algunas medidas estos últimos años: aumentó el impuesto al turismo —ya es el más alto de Europa, con un 12.5%—, prohibió la construcción de nuevos hoteles y redujo a la mitad el número de cruceros fluviales y marítimos, pero los vecinos aseguran que estas medidas son insuficientes y no abordan el verdadero problema: "demasiados turistas".

También impuso medidas para reducir las molestias en el centro histórico, lo que incluyó multas por fumar marihuana y la prohibición de beber alcohol en la calle y campañas destinadas a grupos de jóvenes que acuden de fiesta a la ciudad, como para despedidas de soltero o 'pub crawls' (ruta de bares).

"Claro que han tomado medidas, pero no bastan. Tienen que hacer mucho más", sostuvo Van Dijk, que señala que la consigna de los demandantes es clara: "un acuerdo es un acuerdo", y su exigencia, sencilla: que el Consistorio respete la ordenanza que él mismo aprobó.

El caso ahora está en manos de la Justicia, que deberá evaluar si la ciudad ha incumplido su propia normativa. "El primer paso será demostrar que representamos a suficientes habitantes de Ámsterdam. Eso se decidirá en una audiencia a principios del año que viene, y estamos tranquilos porque tenemos mucho apoyo", dijo Van Dijk.

Para los vecinos, la vía judicial es la última esperanza tras años de peticiones, cartas, artículos en prensa y conversaciones con las autoridades. "Si un ciudadano se salta una norma recibe una multa, pero cuando el propio municipio rompe sus compromisos no pasa nada. Eso no puede existir en un Estado de derecho", subrayan los promotores.