Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos PAN, PRI y MC en contra de la reforma judicial que promovió y aprobó la mayoría oficialista en el Congreso.
La Corte hizo público este lunes el proyecto de sentencia que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para resolver las impugnaciones en contra de la reforma judicial. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Latinus, el asunto comenzará a ser discutido este jueves; sin embargo, aún no aparece en las listas públicas hasta este martes.
En el proyecto se expone una lista con los escritos que recibió la Suprema Corte para formar el expediente, uno de ellos el presentado por el senador Fernández Noroña el pasado 25 de octubre.
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En su escrito solicitó que la Suprema Corte diera atención prioritaria a las cuatro acciones de inconstitucionalidad ingresadas por partidos políticos y la minoría legislativa de Zacatecas, así como la controversia constitucional presentada por el gobierno de Guanajuato en contra de la reforma judicial.
El ministro González Alcántara Carrancá listó los documentos que recibió para formar el expediente de las acciones de inconstitucionalidad, y entre ellos también está un informe de la Presidencia en el que insistió en que la reforma judicial es válida en el fondo y en su proceso de aprobación.
El ministro propone que continúe la elección de ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
También propone validar medidas de austeridad para futuros cargos, la extinción de los fideicomisos judiciales, que existan plazos para que los juzgadores resuelvan asuntos fiscales y penales, y la división del Consejo de la Judicatura Federal en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Partes importantes de la reforma judicial de Morena se invalidarían, como el cese masivo de jueces y magistrados y su posterior elección por voto popular, la extinción de las salas de la Corte, la figura de jueces sin rostro, la prohibición de emitir amparos con efectos generales y ciertas facultades del Tribunal de Disciplina Judicial.